La Operación Calamar involucró una estructura de funcionarios grandes, medianos y pequeños que tejieron un complejo entramado que según el Ministerio Público estafó al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos mediante fraudes, con los que se favoreció la candidatura de Castillo.
Mucho se ha hablado de los principales imputados entre ellos el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y el abogado Ángel Lockward, quienes guardan prisión a espera de que el próximo domingo la jueza Kenya Romero les imponga medidas de coerción.
Pero esa supuesta red necesitaba de funcionarios de menor jerarquía para operar sin trabas, como los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Pasamos a describir la participación de estos últimos en el entramado al que se el Ministerio Público acusa de falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y estafa.
El documento de solicitud de medida de coerción indica que durante la gestión del exministro de Hacienda, tenía como director a Oscar Arturo Chalas Guerrero, el cual fue luego sustituido por Julián Omar Fernando Figueroa, quienes formaban parte del denominado proyecto de las bancas. Ambos – agrega la PEPCA – recibieron las instrucciones de Donald Guerrero de efectuar cobros irregulares a distintos negocios con juegos de azar, bajo la amenaza de ser cerrados por Hacienda.
El equipo, destaca, actuaba bajo la dirección de la estructura que dirigían en la parte operativa Mimilo Jiménez , José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo, entre otros.
La PEPCA explica que la ilegalidad de este proyecto consistía en que la gestión de cobro, no la iban a realizar los organismos del Estado, sino la estructura no gubernamental con el apoyo de los encargados de la Dirección de Casino y Juegos de Azar, en conjunto con los inspectores del Ministerio de Hacienda, «por ende, el dinero obtenido del cobro fraudulento no lo percibía el Estado dominicano, sino la estructura de corrupción liderada por Donald Guerrero«.
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Andrés Guerrero
Mientras que el imputado Andrés Guerrero quien fungía como Contralor del Banco de Reservas, se le acusa de bajo las órdenes del administrador de dicha entidad, Simón Lizardo, facilitar el movimiento de cientos de millones de pesos en efectivo, procedentes de sobornos por el pago de deudas del Estado, que serían entregado a los ministros de Hacienda, Donald Guerrero y administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta.
Fernando Crisóstomo Herrera
Este asumió la responsabilidad de captar e identificar casos que pudieran servir de base para hacer reclamos de pagos de Deuda Administrativa al Estado, en particular de pago de obligaciones económicas contraídas por el Estado dominicano por casos de expropiaciones de inmuebles o adquisiciones de terrenos por parte de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
“En la presente investigación se ha determinado que Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Agustín Mejía Ávila, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola y Emir José Fernández de Paola, están vinculados en el entramado de corrupción, los cuales realizaron acciones en favor de dicha estructura, para los procesos de pagos por expropiaciones, cuya participación fue vital para lograr los libramientos emitidos por el Ministerio de Hacienda.”, destalla la solicitud de medida de coerción.
Tres mujeres en el expediente
Según el expediente presentado por el Ministerio Público sobre el caso Calamar, tres mujeres desempeñaron un papel fundamental en la estructura de desfalcó al Estado dominicano.
Las imputadas en el caso son Yahaira Brito Encarnación, Princesa Alexandra García Medina y Ana Linda Fernández Paola. Sobre ellas pesan acusaciones por uso de documentos falsos, la asociación de malhechores y la estafa, entre otros delitos.
Precisa el expediente que Brito Encarnación se asoció con Ramón David Hernández para usurpar la propiedad de tres parcelas ubicadas en la franja del malecón. Utilizando además documentación falsa y estafando al Estado con más de 500 millones de pesos.
Por su parte, García Medina, quien ocupaba el cargo de directora de Reconocimiento de Deuda Administrativa, se encargaba de desembolsar pagos fraudulentos para la compra de terrenos expropiados ilegalmente.
Finalmente, Fernández De Paola enfrenta cargos por falsificación de documentos públicos y
privados, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y estafa.
El tribunal aplazó para este domingo 26 de marzo a las 9:00 a.m. el conocimiento de audiencia de la solicitud de medida coerción del caso Calamar. Caso por el que encuentran detenidos varios dirigentes de primera línea del gobierno del expresidente Danilo Medina.
