El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló mediante un análisis que en República Dominicana los procesos judiciales tienen solución en menos tiempo que en años anteriores.
Durante el desarrollo de este estudio, la entidad revela que la ciudadanía enfrenta obstáculos como el costo de los procesos a la hora de buscar justicia.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló los avances en el sistema judicial dominicano. Esto mediante el análisis titulado “Transformando la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, en el que también expone los retos que persisten.
El informe toma como referencia el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025. Este coloca a República Dominicana en el puesto 76 de 143 países, con una mejora del 2.1% en su puntuación general.
Entre los hitos más relevantes se encuentra la firma digital de más de 3 millones de documentos. Además, aproximadamente un 66% de los trámites se procesan electrónicamente.
Asimismo, existe una reducción de 21.6 días en la solución de asuntos judiciales.
Según el documento, el sistema ha logrado desde el 2020 una capacidad resolutiva que supera en promedio el 94.9% de soluciones a nivel nacional, aunque con diferencias a nivel de los territorios en lo que respecta a capacidades operativas y otras brechas de desarrollo.
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Persisten retos en acceso y recursos judiciales
Por ejemplo, el Distrito Nacional, provincia de desarrollo humano alto, registra una tasa de resolución de 100.5%, mientras que las provincias Santo Domingo y Montecristi, con desarrollo humano medio bajo y bajo respectivamente, reportan un 90.8% y 87.9% cada una.
Entre los desafíos que todavía persisten se encuentra que 36.3% de personas consultadas reportaron haber enfrentado en sus procesos judiciales la demora en los tiempos de solución de los casos, costos legales y deficiencias en la atención.
También revela que siete de cada diez personas consultadas desconocen la existencia de servicios digitales para consultar sus casos o realizar trámites.
A esto se suman limitaciones en recursos humanos y financieros.
Entre 2021 y 2025, la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes disminuyó de 7.4 a 6.6. Asimismo, el presupuesto del Poder Judicial pasó de representar el 1.05% del presupuesto nacional en 2019 a un 0.87% en 2025.
El documento propone avanzar en la articulación interinstitucional para ofrecer una justicia más cercana a las personas. Esto mediante la integración de tecnología y políticas diferenciadas según las características de cada región.