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Jean Alain Rodríguez podrá ir a trabajar; varían de forma parcial medida de coerción

Jean Alain Rodríguez podrá ir a trabajar; varían de forma parcial medida de coerción
Jean Alain Rodríguez podrá ir a trabajar; varían de forma parcial medida de coerción

Santo Domingo, RD.- Jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaron de manera parcial la medida de coerción al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, imputado en el caso de corrupción Medusa.

Aunque Rodríguez mantiene el arresto domiciliario y el grillete electrónico, el imputado podrá ir los miércoles y jueves a su oficina de trabajo a ejercer como abogado.

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Lo hará de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. La intención es que pueda aportar económicamente a su familia.

De acuerdo con la resolución de la corte, Rodríguez deberá ser retornado a su casa al concluir la jornada laboral.

La decisión fue tomada por los jueces Luis Jiménez, Rosalba Garib y Delio Germán.

Acusación contra Jean Alain Rodríguez

Al ex procurador general, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se le atribuye dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.

En la Operación Medusa, además de Rodríguez, el órgano acusador involucra a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público. También a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público. Y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.

Asimismo, a Jenny Marte Peña, ex encargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado. Así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al ex asesor Miguel José Moya.

Otros imputados en operación Medusa

Los acusados de la operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. Presentaron acusación contra 41 personas físicas y 22 empresas.

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