El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que la auditoría realizada por la Contraloría General de la República al contrato con la empresa Dkolor, encargada del sistema nacional de licencias de conducir, identificó irregularidades superiores a los 730 millones de pesos entre los ingresos generados por la compañía y los fondos que realmente fueron entregados al Estado dominicano.
La institución argumentó que, al mismo tiempo, se identificó un esquema de recaudación fraudulento operado a través de la empresa Pago RD Xchange —relacionada estrechamente con Dkolor—. Que, según la investigación, habría generado pérdidas estructurales y vulnerado principios esenciales de control interno.
Milton Morrison, el director ejecutivo del Intrant, envió una comunicación a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, fechada 21 de mayo de 2025. Presentándole los hallazgos de la auditoría practicada por la Unidad Antifraude de la Contraloría.
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Intrant: Director de la institución sufrió amenazas
La comunicación enviada a la PGR solicitó que el Ministerio Público tomara conocimiento del informe técnico y actuara, en consecuencia, conforme a sus atribuciones legales.
Según explicó el Intrant, la querella penal depositada el pasado 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), constituye la continuación natural de ese proceso de saneamiento institucional.
El Intrant también denunció que su titular, Milton Morrison, fue objeto de amenazas, presiones e intentos de sobornos por montos millonarios. Tras su negativa de renovar el contrato vencido de Dkolor.
Precisan que esto obligó a la institución a elevar el caso al plano penal.
El Intrant destaca que desde septiembre de 2024 inició un proceso institucional de revisión y denuncia. Que derivó en la querella penal interpuesta contra la empresa Dkolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general, Sandra Oruña. Por presuntas anomalías en la operación del sistema nacional de licencias de conducir.
La institución aseguró que actúa conforme a la ley y continuará colaborando con la Procuraduría General de la República. La Dirección General de Contrataciones Públicas y la Contraloría para que las autoridades investiguen y sancionen debidamente los hechos.
