Santo Domingo.- Las modificaciones propuestas por el Senado a la Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos, aprobada en 2020, han generado un amplio rechazo en distintos sectores del país. Tanto los industriales como los ambientalistas han expresado su preocupación por la rapidez con la que se está tramitando la modificación de esta ley, y han solicitado mayor consenso antes de su aprobación final en el Congreso.
Aunque los motivos de los sectores industriales y los ambientalistas varían, ambos coinciden en la necesidad de un debate más amplio. La Asociación de Industrias fue una de las primeras en alzar la voz contra las nuevas cuotas de responsabilidad social que se incluirían en el proyecto. Estas modificaciones implican la introducción de nuevas cargas fiscales, que afectarán a las empresas, particularmente aquellas que generan residuos sólidos de gran volumen.
Euri Andújar, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, ha expresado su preocupación por las nuevas cargas impositivas. «Es crucial que las modificaciones sean discutidas con más profundidad, ya que las industrias podrían enfrentar una carga adicional que afecte su competitividad», afirmó Andújar.
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Preocupación ambientalista
Por otro lado, los ambientalistas también se han mostrado inquietos, aunque por diferentes razones. Según Luis Carvajal, destacado ambientalista, las modificaciones a la ley no abordan con suficiente contundencia los problemas ambientales derivados de la gestión de residuos. «Las modificaciones aprobadas por el Senado no tienen las garras necesarias para hacer frente a los desafíos medioambientales que enfrenta el país. Es urgente que se fortalezcan las políticas de reciclaje y la reducción de residuos», explicó Carvajal.
Las modificaciones propuestas por el Senado incluyen varios puntos controversiales. Uno de los aspectos más destacados es el artículo 35, que establece una cuota proporcional a los ingresos para las personas jurídicas que declaren impuestos. Además, el artículo 38 menciona que los contratos entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados deberán tener una vigencia mínima de 10 años.
Asimismo, el artículo 172 establece una nueva obligación para las empresas fabricantes de envases plásticos, quienes deberán incorporar al menos un 30% de resina reciclada en su producción y cambiar las tapas de sus envases por polipropileno dentro de un plazo máximo de dos años.
Ahora, corresponde a la Cámara de Diputados valorar las modificaciones introducidas por el Senado, pero mientras tanto, los sectores afectados piden la creación de un espacio de discusión en el que se puedan analizar con mayor profundidad los cambios propuestos. La necesidad de un consenso amplio sigue siendo el reclamo principal de las partes involucradas.
