Santo Domingo, RD.- Los empleados de la Procuraduría General de la República imputados en la operación Gavilán cobraban entre 8 mil y 15 mil pesos para borrar o alterar registros penales de las personas en conflicto con la ley.
Según el documento acusatorio, los detenidos llegaron a alterar o borrar más de ocho mil registros penales. Lo hicieron “a cambio de sobornos que obtenían con un estructura esquema que funcionario como una especial de empresa criminal”.
En su mayoría, las fichas correspondían a personas que tenían antecedentes penales por delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios y violaciones sexuales.
El Ministerio Público indica que el modus operandi que tenían los imputados de la operación Gavilán consistía en quitar o adicional números a la cédula de identidad y electoral del criminal beneficiado por la red.
“Se puedo verificar que en la tabla de personas de la bases de datos del Sistema de Investigación Criminal del Ministerio Público hay un total de 8,406 registros que tienen doce (12) dígitos en el campo correspondiente al documento de identidad. También se pudo verificar que hay un total de 8,552 registros que tienen diez (10) dígitos. Este campo se utilizad para almacenar en él once (11) dígitos de las cédulas de identidad de los titulares registros”, amplia el documento acusatorio.
En el expediente el órgano persecutor identifica a Mártires Rosario Reyes como el cabecilla de la supuesta red de corrupción. Operaba dentro de la PGR. Este se desempeñaba como soporte técnico en el departamento de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría.
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