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Video: Imputados del caso Senasa llegan al Séptimo Juzgado para revisión de coerción

Los imputados del caso Senasa fueron trasladados este jueves al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis implicados en el proceso judicial.

La audiencia está a cargo del magistrado Deiby Peguero, titular del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá evaluar si se mantienen las condiciones legales que justificaron la imposición de 18 meses de prisión preventiva.

Revisión obligatoria cada tres meses

El Código Procesal Penal de la República Dominicana establece que la prisión preventiva debe ser revisada de manera obligatoria cada tres meses. Durante esta fase, el tribunal analiza si persisten los presupuestos que dieron origen a la medida, como el riesgo de fuga o la posibilidad de obstaculización de la investigación.

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En ese sentido, el juez determinará si procede mantener la coerción impuesta. También si existen elementos nuevos que permitan variar la medida por otras condiciones menos gravosas.

Argumentos de la defensa y el Ministerio Público

La defensa de los imputados podría alegar que han cambiado las circunstancias que motivaron la prisión preventiva. También planteando que ya no existe peligro de fuga ni riesgo de interferencia en el proceso judicial. Con estos argumentos, buscarían obtener medidas más favorables, como arresto domiciliario o presentación periódica.

Por su parte, el Ministerio Público tiene la facultad de sostener que las razones originales que sustentaron la prisión preventiva continúan vigentes.

Expectativa por decisión del tribunal

La revisión de la medida de coerción en el caso Senasa genera expectativa, ya que el tribunal deberá ponderar los elementos presentados por ambas partes antes de emitir su decisión.

El proceso forma parte de las garantías establecidas en la legislación dominicana para asegurar el equilibrio entre la presunción de inocencia. También la necesidad de garantizar la presencia de los imputados durante el desarrollo del juicio.

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Más contenido por Elisabel Vizcaíno Vallejo

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