La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva como medidas de coerción contra siete de las ocho personas acusadas de estafar cientos de personas con más de tres mil millones de pesos, caso denominado por el Ministerio Público como operación Gaviota.
La prisión preventiva es contra Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D’ Óleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Martínez.
Mientras que a Lucia Martínez Colón se le impuso garantía económica de un millón de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La magistrada Fátima Veloz dispuso que los imputados cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR17) Najayo Hombres y las féminas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.
También declaró el caso como complejo. De inmediato, algunos de los 274 querellantes mostraron satisfacción ante el dictamen de la magistrada.
Según el órgano acusador, el entramado liderado por Rafael Martínez Bautista, a través de la empresa Investor Winner, seducía a persona a través de las redes sociales e iglesias para que invirtieran recursos en mercados de valores electrónicos a cambio de rendimientos mensuales de entre un 10% y un 30%, pago que solo hacían con puntualidad durante los primeros meses.
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Forma en que operaban implicados en operación Gaviota
Los imputados reclutaban a los inversores y los convencían de que estaban realizando una inversión legítima. Creaban empresas para captar valores del público sin poseer permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real es menor al 15% de lo captado.
Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes. De esta forma mostraban una aparente solidez financiera mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Hacían creer a los estafados que contaban con permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos. Dicha información fue posteriormente desmentida por estos órganos.
