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En tres niveles, así funcionaba una de las más amplias estructuras de desfalco contra el Estado de los últimos tiempos y que fue desmantelada mediante la «operación Calamar».
Según la orden de allanamiento una instrucción de Danilo Medina habría llevado a funcionarios de su Gobierno a acaparar recursos ilícitos para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y lucrarse personalmente.
En la primera de 24 páginas, la orden judicial de allanamiento solicitada por el Ministerio Público establece que el expresidente Medina, a quien se menciona al menos en dos ocasiones, instruyó a los funcionarios involucrados reunir recursos para las campañas de 2019 y 2020.
Así desde las entrañas del Palacio Nacional habrían extendido sus tentáculos cual Calamar en la mayor estructura de corrupción develada hasta el momento.
En el documento, el Ministerio Público detalla cómo operaba la red y lo describe en tres niveles, con los exministros de Hacienda y Administrativo de la Presidencia, hoy detenidos, a la cabeza.
El primero se ejecuta desde la OISOE, José Ramón Peralta solicita a Francisco Pagán, delator premiado de la operación Antipulpo, que convoque a uno de los principales constructores con el que el Estado mantenía deudas, el ingeniero Bolívar Ventura.
Indica que maniobraron con ubicaciones falsas, entre otras estrategias para ejecutar los pagos del Estado a ese constructor, que se realizarían a través de Hacienda y de ahí extraer recursos ilícitos.
Ventura entregó más de 500 millones. Los primeros desembolsos de 100 millones en efectivo a Francisco Pagán, quien entregó a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta. El resto se realizaría a través de cambios de cheques en el Banco de Reservas.
El segundo nivel de la operación sería con los permisos que Hacienda otorgaba a través de la dirección de Casinos y Juegos de Azar, cuyos pasado incumbentes también están detenidos, a Bancas de Lotería, deportivas y máquinas tragamonedas. En la orden de allanamiento se establece que debían pagar altas sumas mensualmente o serían cerradas.
El tercer nivel corresponde a las expropiaciones de terrenos pagados como deuda pública para lo que se hacían cesiones de crédito, que eran exigidas para Hacienda desembolsar los pagos. Catastro en muchos casos sobrevaloraba y a través del CEA se realizaban compras y ventas ilegales de terrenos.
La orden de allanamiento indica, además, que Guerrero, Peralta y Castillo establecieron un punto para la recepción de los recursos ilícitos para la campaña denominado «La Casita» y una sucursal en la feria del banco de reservas como «Caja Chica».
