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Gobierno transforma la Opret en la EMT: ¿qué cambia?

El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 60-26 disponiendo la transformación de la Opret en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT).
El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 60-26 disponiendo la transformación de la Opret en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT).

El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 60-26 disponiendo la transformación de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) en la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT).

El Poder Ejecutivo señaló que el cambio busca ordenar de forma más clara las funciones del Estado en el transporte masivo, separando la planificación y regulación, que continúa bajo el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant).

Ahora, el desarrollo y financiamiento de la infraestructura, que pasa al Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram); y la operación directa de los sistemas, ahora concentrada en la nueva Empresa Metropolitana de Transporte.

Con esta reorganización, la Opret terminará suprimida progresivamente como órgano administrativo y la EMT asume la operación y el mantenimiento del Metro de Santo Domingo, el Teleférico y otros sistemas ferroviarios y guiados de alta capacidad.

Decreto 60-26 explicado.
Decreto 60-26 explicado.

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La nueva entidad hereda los activos, contratos, permisos y obligaciones vinculados estrictamente a la operación del servicio, garantizando la continuidad del transporte sin interrupciones, mientras que los proyectos de expansión y construcción quedan bajo la responsabilidad del Fitram.

El decreto establece que la EMT es una empresa pública, constituida como sociedad anónima de capital 100 % estatal. Aunque se rige por normas del derecho mercantil, está sujeta al control del Estado, a los principios del servicio público, a la rendición de cuentas y a los regímenes de transparencia y acceso a la información.

El Gobierno busca una mayor autonomía operativa y técnica sin perder el carácter público ni la orientación al interés general del transporte masivo dominicano.

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