Santo Domingo. — El Gobierno de la República Dominicana respondió al comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de febrero de 2026, en el que se cuestionan las políticas migratorias del Estado dominicano, reafirmando su compromiso con los derechos humanos, así como con el respeto a su marco legal y soberanía nacional.
En un comunicado oficial, el Estado dominicano reconoció el pronunciamiento del organismo internacional, pero fijó su posición de forma clara, señalando que la gestión migratoria se realiza dentro de los límites de la Constitución, las leyes nacionales. También los estándares internacionales de derechos humanos.
El Gobierno explicó que la situación migratoria debe analizarse desde una dimensión regional. Esto debido a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que afecta a Haití, lo que ha generado una presión migratoria “sostenida y excepcional” sobre territorio dominicano.
Las autoridades destacaron que, durante décadas, la República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras. También actuando con solidaridad y responsabilidad humana.
Defensa de la soberanía y el marco legal
El Estado dominicano reafirmó que, en ejercicio de su soberanía, tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, facultad que, según indicó, está reconocida por el propio sistema interamericano.
En ese sentido, rechazó el llamado de la CIDH a aplicar de manera general el principio de no devolución a toda persona en condición migratoria irregular, al considerar que esto implicaría una aceptación indiscriminada de migrantes irregulares, sin control ni regulación.
El Gobierno advirtió que el flujo migratorio extraordinario tiene un impacto directo sobre la cohesión social y el gasto en servicios públicos. Además, señaló que ningún Estado puede ser obligado a asumir la provisión de servicios de otro país ante el colapso institucional del mismo.
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Garantías en salud y derechos humanos
En materia de salud, el Estado reiteró que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia por razón de su estatus migratorio. Este destacando la protección especial a mujeres embarazadas, niños y pacientes con condiciones especiales.
Asimismo, informó que en los centros de procesamiento migratorio se han implementado mejoras progresivas en infraestructura y condiciones sanitarias. También atención médica básica, bajo una política de tolerancia cero frente a tratos inhumanos o degradantes.
Llamado al diálogo y cooperación internacional
El Gobierno dominicano expresó preocupación porque el comunicado de la CIDH, a su juicio, prioriza alegaciones no verificadas sobre información oficial remitida por las autoridades nacionales. No obstante, reiteró su disposición al diálogo técnico, transparente y cooperativo.
Finalmente, el Estado dominicano sostuvo que la protección de los derechos humanos y la defensa del interés nacional no son objetivos contradictorios. Además, reafirmó su voluntad de fortalecer la cooperación con la CIDH, dentro de un marco de respeto mutuo, buena fe y soberanía nacional.