Santo Domingo, RD.- Una auditoría de la Cámara de Cuentas pone nueva vez sobre el ojo público la gestión de fondos de emergencias utilizados durante la pandemia. A pesar de comprobar la ejecución efectiva de los recursos, el organismo recomienda medidas de mejor administración financiera.
Una multimillonaria suma ascendente a 650 millones de dólares otorgados por el Fondo Monetario Internacional a través de un programa Financiamiento Rápido, para contrarrestar los efectos de la pandemia, estuvo bajo el escarceo del órgano fiscalizador.
Pagos a beneficiarios de programas de asistencia a los empleados, pagos de incentivos especiales, y pagos de nóminas a entidades no autorizadas fueron el centro de atención.
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En su auditoría la Cámara de Cuentas resalta que si bien los fondos desembolsados a la República Dominicana fueron utilizados de forma adecuada, casos excepcionales ponen en entredicho la ejecución de dichos montos.
Según el informe por concepto de pago de nómina a entidades no autorizadas para el año 2020 se desembolsaron 23 millones 500 mil pesos.
En tanto que beneficiarios del programa PA TI, que figuraban en la nómina pública se pagaron nueve millones pesos.
Otros nueve millones 700 mil pesos fue el monto en transferencias a beneficiarios de FASE, sobrepasando según consideró el órgano el monto establecido.
Así como el pago de 19 millones en incentivo especial a entidades no autorizadas, llamó la atención de las autoridades.
Cuestionados por el equipo auditor, quienes tuvieron bajo su responsabilidad el manejo de los fondos, especialmente el Ministerio de Hacienda, explicaba que la depuración de beneficiarios era tarea expresa del Ministerio de Trabajo. Y que en otros casos empleados privados que para agosto del 2020 pasaron al sector público, figuraban como favorecidos de manera transitoria.
En sus recomendaciones finales, el ente fiscalizador sugirió al ministerio de Hacienda a mejorar la eficiencia y calidad del gasto público. Y a las entidades que recibieron recursos a cumplir con los lineamientos trazados por órganos rectores para evitar cuestionamientos.
