La sentencia del Tribunal Constitucional TC/0765/24, que declaró inconstitucional por vicios de forma la Ley núm. 10-15, reformatoria del Código Procesal Penal, ha reabierto un debate crucial sobre el futuro del sistema de justicia dominicano. La decisión, que suspende sus efectos por un año para evitar un vacío normativo, representa una oportunidad institucional sin precedentes para repensar colectivamente el ordenamiento procesal penal del país.
Diversos sectores han planteado que esta tarea no debe limitarse al mero cumplimiento formal de los procedimientos legislativos que motivaron la inconstitucionalidad, sino que debe asumirse como un ejercicio de concertación democrática y técnica. En este proceso deben participar de manera activa el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público. De igual manera, la Defensa Pública, universidades, sociedad civil, gremios profesionales, asociaciones empresariales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) destacó que la reforma del Código Procesal Penal debe trascender los espacios técnicos. Asimismo, incluir a la ciudadanía informada, revisando y fortaleciendo instituciones esenciales como el debido proceso. También la tutela judicial efectiva, la razonabilidad de las medidas de coerción y la protección de víctimas y testigos.
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De igual forma, Finjus exhortó a que el nuevo Código se convierta en un proyecto nacional, fruto de un diálogo plural e inclusivo. Mismo que garantice equilibrio, transparencia y eficiencia, y que logre consolidar la confianza ciudadana en la justicia y en el Estado social y democrático de derecho.
