Santo Domingo RD.– Un grupo de empresas dedicadas a la comercialización y distribución de alimentos denunciaron irregularidades en el proceso de adjudicación de licitaciones para abastecer recintos penitenciarios que realizó la Procuraduría General de la República.
El proceso público tenía un presupuesto asignado de 500 millones de pesos con la finalidad de adquirir insumos para abastecer a los recintos penitenciarios del país.
La empresas que presumen hubo irregulares en el citado proceso de adjudicación, dijeron que han destapado un caja de pandoras.
Argumentaron que el pliego de condiciones para participar en la licitación, especifica que para esos fines se le daría prioridad al lugar donde estuviera ubicada la compañía.
En tanto, según explicaron, el pliego se violó casi en su totalidad.
La mayoría de empresas beneficiadas, con menos de dos años en el mercado, están ubicadas en el Distrito Nacional, sin referencia comercial y con un capital poco competitivo para este tipo de operaciones.
Reiteraron que al visitar las empresas que ganaron con 500 millones de pesos, confirmaron que las cinco adjudicatarias no están aptas para suministrar alimentos a los recintos penitenciaros.
Getrant del Caribe SRL es una de las supuestas entidades distribuidoras de alimentos que ganó la licitación de la Procuraduría. Pero lo especificado en su registro mercantil dista mucho de lo encontrado en sus instalaciones.
Lo primero es que ganó tres lotes de la licitación a un monto que excede los 84 millones de pesos.
La empresa suministrará alimentos al Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, Harás Nacionales, Cárcel Pública de La Victoria, Centro de Corrección y Rehabilitación Para Militares, Najayo Hombres y Najayo Mujeres, San Cristóbal, donde se ubica una de las compañías que ganó la licitación.
De acuerdo con el registro mercantil, Getrant del Caribe está situada en la calle Rafael Augusto Sánchez del Ensanche Naco, Distrito Nacional, pero verifico que la información no es cierta.
Según una fuente, Juan Asael Martínez Pimentel, dueño de la empresa, apenas tiene 25 años de edad.
Las empresas afectadas impugnaron ante la Procuraduría General de la República, conforme a lo establecido en la ley, pero les rechazaron el caso, y no tiene esperanzas de que avance debido a la saturación de expedientes que hay en el Tribunal Superior Administrativo.
Pese a esto, esperan que al menos el procurador Jean Alain Rodríguez, esclarezca el proceso y suspenda la licitación y haga las adjudicaciones respetando el orden de prioridades establecido en el pliego de condiciones para resultar beneficiado.
