Por Luis José Chávez
Santo Domingo, RD.– La decisión del Gobierno dominicano, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, de establecer un equilibrio entre las urgencias de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y la necesidad de propiciar un sostenido proceso de reapertura económica, es una medida difícil pero razonablemente necesaria.
Ni una cuarentena inflexible, como proponen algunos voceros vinculados al sector salud; ni una flexibilización demasiado liberal, como reclaman diversos sectores productivos. Más bien, un balance entre la obligación primaria de cuidar la salud y la necesidad de evitar el colapso económico.
Las autoridades parecen haber tomado en cuenta que retrasar la reapertura económica no solo implica la pérdida de miles de empleos formales, sino también la caída vertical de la pequeña y mediana empresa y de actividad económica informal, que representa el 55 por ciento de la fuerza laboral del país, lo cual no solo agudiza las dificultades de supervivencia de un amplio segmento de la población, sino que podría desencadenar una rebeldía social que anularía cualquier esfuerzo del gobierno para imponer las medidas disciplinarias necesarias para contener la pandemia.
Afortunadamente, el Gobierno ha tenido un margen de relativa holgura para manejar una estrategia que permite clavar el clavo sin rajar la tabla, como a menudo proponía José Francisco Peña Gómez, cuando planteaba una salida no convencional para asegurar el objetivo más importante.
FORTALEZAS DE REPÚBLICA DOMINICANA.-
Si bien es cierto que el relajamiento adoptado por la población durante el feriado navideño ha generado una nueva ola de contagio y un aumento moderado de la tasa de mortalidad, la República Dominicana ya cuenta con la estructura sanitaria, la experiencia y probablemente la disciplina social para mantener bajo control el impacto de la pandemia, como ya lo hizo en el último tramo del 2020, después de haber encabezado la lista de los países con mayor promedio de contagio y letalidad por la COVID-19.
Actualmente República Dominicana sostiene una tasa de mortalidad, medida por millón de habitantes, cinco veces menor que Estados Unidos, y cuatro veces menor que Reino Unido, España, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza y Suecia, países con un sistema de salud muy superior al nuestro.
También mantiene un índice de letalidad por debajo de Costa Rica y Paraguay, que junto a Cuba y Uruguay estuvieron entre los principales referentes de buena gestión de la pandemia en América. (ver https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus).
Entre los factores que se asocian al buen desempeño del país hay que destacar no solo la vigorosa respuesta del sistema oficial de salud a partir del cambio de gobierno en el pasado mes de agosto, sino también al desarrollo de un modelo de participación comunitaria que ha contribuido a promover una disciplina de responsabilidad social frente a la COVID-19, con excelentes resultados en reducción de contagio y mortalidad, según ha reconocido el propio Ministerio de Salud.
También, ha sido un factor altamente favorable, según evidencias registradas en el país y no refutada hasta ahora, el generalizado uso de la Ivermectina por prescripción de la mayoría de los médicos dominicanos o por el simple conocimiento de la población respecto a un producto inocuo aplicado a más de 2 mil 500 millones de personas desde hace 40 años, principalmente en África, India y muchos países del tercer mundo, incluyendo Haití. https://doctor-jose-natalio-redondo-presenta-informe-sobre-siete-mil-casos-covid-19/.
Coincidencialmente, entre los países de América Latina que han registrado la mayor reducción muertes por COVID-19 en los últimos meses resaltan El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana, donde ya sea por decisión oficial de las autoridades o por las prácticas de la clase médica o de la población empoderada, se ha extendido de manera amplia el uso del reconocido anti parasitario.
Ahora, tenemos por delante el reto de afianzar la respuesta social del país para mantener la situación bajo control hasta el inicio de la campaña nacional de vacunación, considerando que la responsabilidad de actuar frente a la actual pandemia y sus terribles consecuencias sanitarias, económicas y sociales, no puede ni debe ser una tarea exclusiva de las autoridades del sector salud y de las fuerzas del orden público, sino de toda la sociedad dominicana.
