Santo Domingo, RD. – La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) y el Fondo Agua Santo Domingo (FASD) afirmaron que será clave articular una alianza público-privada para ejecutar el decreto número 531-25. Este decreto declara de alta prioridad la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela, promueve la regeneración física, urbana y ambiental de los terrenos en las riberas ocupados por asentamientos humanos.
En un comunicado conjunto, las directoras ejecutivas de Ecored y FASD, Kathia Mejía y Patricia Abreu, coincidieron en enfatizar que cualquier actividad orientada a rehabilitar y restaurar las cuencas de estas fuentes acuíferas debe preservar la integridad del Cinturón Verde del Gran Santo Domingo.
En ese sentido, las voceras de ambas entidades empresariales pusieron a disposición del gobierno el modelo exitoso de los fondos de agua. Este modelo cuenta con más de diez años de experiencia trabajando en las cuencas de Ozama e Isabela.
“Se trata de un modelo probado, con resultados medibles y sostenibles”, subrayaron Mejía y Abreu.
Rigor científico y reubicación digna
Las dos entidades consideraron relevante la emisión del decreto que declara de alta prioridad la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela. Este decreto establece el marco estatal para la regeneración física, urbana y ambiental de sus riberas.
Sin embargo, advirtieron que las labores de rehabilitación y restauración deben apegarse al rigor científico. Esto es especialmente importante por la vulnerabilidad ecológica de los ecosistemas frágiles que bordean el litoral del Gran Santo Domingo. También deben tomar en cuenta el decreto no. 183-93, que ordena la creación del Cinturón Verde.
En adición, Ecored y el FASD destacaron la importancia de socializar el proceso con las comunidades y de respetar los derechos de los residentes. En los casos necesarios, también abogan por la negociación, compensación justa y reubicación digna de las familias impactadas. Así logran garantiza un desarrollo sostenible y equitativo en toda el área intervenida.
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Alianza público-privada
Para garantiza el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales, el decreto designa a la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) como responsable de ejecutar los trabajos y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales queda a cargo de la evaluación y supervisión técnica y ambiental.
No obstante, para Ecored y el FASD, la definición de responsabilidades y la coordinación interinstitucional deben complementarse con una gobernanza clara. Además, es necesario contar con un plan integral de manejo ambiental de la cuenca.
“El éxito dependerá de articular esfuerzos públicos y privados con metas, cronogramas y rendición de cuentas”, puntualizaron.
Patricia Abreu destacó que el FASD tiene como misión aumentar la capacidad de reabastecimiento de agua en las microcuencas que alimentan los principales ríos del Gran Santo Domingo. Para lograrlo, impulsa proyectos de reforestación, restauración ecológica, cambio de uso de suelos y recuperación ambiental.
También impulsa el uso eficiente y responsable del agua, además de la reducción de la contaminación por aguas servidas y residuos sólidos. Asimismo, promueve estrategias de adaptación al cambio climático basadas en soluciones verdes regenerativas.
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Alianzas estratégicas y plataformas colaborativas
Ambas entidades señalaron, el valor de alianzas y espacios de trabajo ya establecidos, como Misión Rescate Lista Roja, Empresas por el Clima, NUVI, y la plataforma de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (Arise). Estos pueden servir de base para movilizar conocimiento técnico, voluntades empresariales y buenas prácticas en la recuperación de las riberas.
Ozama e Isabela: Un símbolo de triple impacto
“Este es el momento de consolidar una agenda común entre Estado, empresas y sociedad civil. Tal agenda debe convertir a los ríos Ozama e Isabela en un símbolo de triple impacto: ambiental, social y económico”, concluyeron.
Reiteraron que Ecored y FASD continuarán promoviendo políticas públicas y cumplimiento normativo que inserten la sostenibilidad en el corazón del modelo productivo nacional.
