El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que en el caso contra los imputados en el atentado a Francina Hungría se aportaron “pruebas contundentes para su condena.” No obstante, el resultado es que las magistradas decidieron condenar al que disparó y dejar en libertad a los otros tres porque “el Ministerio Público no presentó de forma certera ninguna vinculación de los co-imputados en el hecho.”
Esa decisión revela que, a pesar de la confesión de uno de los liberados, la justicia no condena a quienes debe sancionar.
Otro ejemplo de lo mal que está la justicia es el siguiente. Dice el Procurador que en el país existen mafias dedicadas a la falsificación y adulteración de medicamentos, por lo cual solicita a los médicos y a la población en general que denuncien esas operaciones. Domínguez Brito señala que si recibe esa denuncia “le daría el apoyo necesario para llevar ese flagelo a su mínima expresión.” Sin embargo, existen casos en los cuales se han denunciado violaciones a las leyes y no se ha hecho nada.
Me refiero al expediente del caso SunLand. Yo escribí un libro donde se documentan pruebas fehacientes que permitirían una severa condena por corrupción y lavado de activos en contra de los involucrados. Y, a pesar de esas pruebas, el Procurador no se ha referido a ese caso.
Eso me permite afirmar que el estado actual de la justicia dominicana es muy preocupante.
