La pésima gestión de Antonio Almonte eleva la probabilidad de que sea removido del cargo. Para evitarlo, quiere agarrarse de la rama que consiste en la crítica de Punta Catalina
Santo Domingo, R.D.-En la República Dominicana hay dos actividades que exhiben un desempeño terrible que provoca una pérdida de ingresos para el Estado y de valor agregado para la sociedad. El denominador común de ambas actividades y de su deprimente evolución es Antonio Almonte, quien ocupa el cargo de ministro de Energía y Minas desde agosto de 2020.
El econimista Jaime Aristy Escuder en un análisis presenta como la actividad minera se ha desplomado en los cuatro años comprendidos entre 2020 y 2023. En el periodo registró su valor agregado variaciones de -12.5%, -0.7%, -7.2% y -16.3%. En los dos primeros meses de este año, y a pesar de que el precio del oro ha llegado a un nivel récord de 2,371 dólares por onza troy, la actividad minera presenta una variación de -15.9%.
Sector eléctrico duplicó sus pérdidas
Asimismo, el sector eléctrico también está en crisis. Las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad se incrementaron de 29% en 2019 a un 40% en 2023. Esto obliga al gobierno central a destinar anualmente 1,500 millones de dólares en forma de subsidios para mantenerlas a flote.
Precisa Aristy Escuder que «con relación a la generación de electricidad desde 2020 no se ha instalado un solo megavatio de energía base y se gestionó de forma pésima -tanto operativa como administrativamente- la Central Termoeléctrica Punta Catalina entre el 18 de agosto de 2020 y el 28 de octubre de 2021. Basta con recordar que debido a la incapacidad del equipo humano que la gestionaba en ese entonces la planta se quedó sin carbón, provocando una pérdida superior a centenares de millones de dólares».
Presidente Abinader ha tenido que intervenir
Afortunadamente, el presidente Luis Abinader ha intervenido directamente en el sector eléctrico para reducir la intensidad de la crisis. Para esto, ha designado como cabeza del gabinete eléctrico a la vicepresidenta Raquel Peña, la funcionara más eficiente de su administración. Además, nombró a finales de 2021 como administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina a Celso Marranzini. Este último, un empresario con amplia experiencia en el sector eléctrico, quien logró recuperar el buen desempeño de esa empresa llevándola a tener nuevamente beneficios anuales de 240 millones de dólares.
Posteriormente, el presidente le quitó a Almonte la responsabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad y se la asignó a Marranzini.
La pésima gestión del señor Antonio Almonte eleva la probabilidad de que sea removido del cargo. Para evitarlo, quiere agarrarse de la rama que consiste en la crítica de Punta Catalina.
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En una declaración recogida en la prensa nacional, Almonte insistió en decir que según una “auditoría” el costo de construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina fue de unos 3,400 millones de dólares.
Almonte suma también errores en auditoria
Afortunadamente, tal como he demostrado en otras ocasiones, Almonte se equivoca. El monto pagado al contratista EPC por la construcción de Punta Catalina, incluyendo el monto correspondiente a la indexación de los hitos, fue de 2,455 millones de dólares. Una suma que se compara favorablemente con otros proyectos similares a nivel internacional.
Jaime Aristy Escuder, economista
A la suma anterior, la empresa que realizó el informe de servicios relacionados, no la auditoría, le quiere añadir partidas que denomina “otros costos del dueño.» Esto incluyen los costos hundidos incurridos durante la licitación así como los costos del carbón, de la cal, los repuestos y otros insumos utilizados para generar electricidad. Es extraño que la firma haya tomado en consideración los costos, pero no haya tomado en cuenta los ingresos millonarios que obtuvo la CDEEE al colocar en las redes la electricidad que produjo Punta Catalina utilizando esos insumos. Estoy seguro de que esos ingresos superan esos “otros costos del dueño,” lo cual reduce el costo neto de la inversión.
«La firma quiere además añadir, a diferencia de lo que ocurre con otros proyectos de inversión pública, como el metro, teleférico, monorriel, presas, carreteras, entre otros, los intereses generados por los recursos que se utilizaron en la construcción de esa importantísima generadora de electricidad. Esto es un absurdo que tiene como objetivo dañar la imagen de la joya de la corona del sector eléctrico nacional», afirma categoricamente Aristy Escuder.
