La vivienda constituye, en la mayoría de los casos, el principal patrimonio de una familia. Por eso su acceso es imprescindible para mejorar el nivel de bienestar de la sociedad.
En la República Dominicana se afirma que existe un déficit de más de 910 mil viviendas. Y, según la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), de ese grupo sólo unas 170 mil familias podrán adquirir una vivienda.
La mejor política para promover el acceso a una vivienda es la que fortalece la capacidad de generación de ingresos de la familia. La inversión en educación es la clave. Una persona bien calificada tiene el potencial de obtener un buen empleo y generar los ingresos requeridos para adquirir una vivienda.
El financiamiento a largo plazo a bajas tasas de interés, determinadas libremente en el mercado, es fundamental para facilitar la compra de viviendas. Una persona educada, con un buen empleo, podría utilizar su flujo de ingresos como respaldo para tomar un préstamo a 30 años y adquirir su vivienda. Esto sugiere que una política monetaria que minimice la prima de riesgo de inflación, reduciría la tasa de interés y elevaría los plazos de financiamiento, favoreciendo el acceso al crédito.
Como complemento de la política anterior, que se ha estado ejecutando en el país desde 2012, el Estado debe apoyar a los segmentos más vulnerables, los muy pobres, a tener acceso a su vivienda. Los proyectos de La Barquita y la ciudad Juan Bosch son dos buenos ejemplos de cómo hacerlo.
