Santo Domingo, R.D. – Un grupo de 92 ingenieros ha presentado una querella ante la Procuraduría, alegando que el Estado dominicano les adeuda más de 300 millones de pesos por obras ejecutadas y no pagadas. El Comité Institucional Codiano, representado por los ingenieros Miguel Liberato y Samuel Peña, denuncia que la documentación que justifica estos trabajos ha desaparecido de las instituciones estatales.
Según explicó Liberato durante entrevista en Despierta con CDN, el problema ha evolucionado «desde la extorsión hasta la negligencia administrativa». Mientras en el pasado los funcionarios exigían comisiones para tramitar pagos, ahora enfrentan trabas burocráticas y la desaparición de documentos esenciales requeridos por el Ministerio de Hacienda y Economía para procesar los pagos.
El 28 de julio, el comité presentó una solicitud ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa para investigar la desaparición de estos documentos. Sin embargo, después de más de 30 días hábiles, no han recibido respuesta, lo que califican como «una forma de represión gubernamental».
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Deudas remontan a 1993
Las deudas se remontan a 1993, acumulándose durante varios gobiernos. Según los ingenieros, aproximadamente el 65% del monto adeudado corresponde a los cinco períodos gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Mientras que el 35% restante se generó durante el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Samuel Peña expresó su frustración, recordando que el presidente Luis Abinader prometió resolver este problema hace seis años durante su campaña. Además, mencionó que recientemente el presidente afirmó que no se les había pagado porque «no tienen papeles», lo que consideran una gran ofensa.
Los ingenieros desafían al gobierno a formar una comisión interinstitucional para verificar su documentación, afirmando que si se demuestra que no cumplen con los requisitos exigidos por Hacienda, desistirán de sus reclamos. Sostienen que quienes no están cumpliendo con las instituciones contratantes, mientras los funcionarios «le han estado hablando mentiras al presidente».