La barra de abogados del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir 10 mil dólares de parte de uno de los investigados en el caso SeNaSa, recusó a la jueza de instrucción especial, Ysis Muñiz, alegando que la magistrada tuvo contacto previo con la investigación en su contra.
La recusación la rechazó la magistrada, bajo el entendido de que su imparcialidad no se encuentra comprometida.
Al momento, el fiscal investigado ha mantenido silencio respecto a la acusación de que le planteó de manera explícita al exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Antonio Canaán. Además esto podía alterar el curso de la investigación en su contra a cambio de un pago económico.
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En ese sentido, Valdez habría exigido inicialmente 200 mil dólares, monto que posteriormente redujo a 150 mil dólares. Esto en medio de una negociación en la que también solicitó un reloj marca Rolex y un Mercedes Benz.
Ante el hecho el Ministerio Público gestionó autorizaciones judiciales para organizar una entrega controlada al miembro de la PEPCA. Además el pasado 27 de marzo el fiscal se reunió con el exfuncionario investigado y recibió 10 mil dólares en efectivo. Los mism se lo ocuparon en su vehículo al momento de su arresto.
Ahora el pleno de la Suprema Corte de Justicia tendrá que decidir si la magistrada Ysis Muñiz está en condiciones de conocer la solicitud de prisión preventiva que pide el Ministerio Público contra el fiscal.