Un nuevo capítulo se suma al escándalo por la falsificación de actas de defunción en Valverde, luego de que cuatro jóvenes médicas pasantes fueran apresadas tras presentarse de manera voluntaria a la Fiscalía de Mao, donde se les notificó una orden de arresto que las vincula al caso.
Las doctoras, que cumplían su año de pasantía en un centro de salud de la provincia, fueron trasladadas bajo custodia policial. Esto, de inmediato, generó rechazo en el sector médico.
El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), filial Valverde, Juan Carlos Santos, calificó la acción como “un atropello”. Aseguró que las pasantes no tienen capacidad legal para emitir actas de defunción.
“Es una medida arbitraria de la Fiscalía. Esas doctoras han acudido en cuatro ocasiones de manera voluntaria y, aun así, fueron detenidas sin una investigación seria. Ellas no tienen exequátur, están en formación y solo cumplen con servir a la comunidad”, expresó Santos.
Mientras tanto, Máximo Mendoza, señalado como cabecilla de la red, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao. Según la acusación, bajo este esquema irregular se emitieron actas de defunción para al menos seis personas que en realidad estaban vivas. Esto ha desatado alarma social y cuestionamientos sobre la responsabilidad institucional en el caso.
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Registros de defunción
Los registros de defunción se llenaron por distintos médicos en pasantías y sin exequátur para ejercer la profesión. El imputado utilizaba la estrategia de solicitar el servicio a los médicos en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria de Mao como en la del municipio Esperanza.
Uno de los aspectos comunes encontrados en el delito es que algunas de las víctimas, personas en condiciones de vulnerabilidad económica. Realizaban negociaciones de préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia social. Estos beneficios consistían en un capital mensual por la suma de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinados a cubrir necesidades básicas.
El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona, fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo.
Su conducta constituye una violación al Código Penal dominicano, por el uso y alteración de documentos públicos, basado en información falsa. También, una violación al artículo 208 de la Ley Orgánica de los actos del Estado Civil No. 4-23, el cual se refiere a la falsedad.
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Como era el proceso
El Ministerio Público indicó que dentro de las maniobras utilizadas por el imputado se destaca también su capacidad para fingir estados de aflicción emocional y física, simulando angustia y vulnerabilidad en momentos claves, especialmente al presentarse en centros de salud.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez (titular de Valverde) y Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral, solicitó la prisión preventiva al considerarla como la medida idónea y proporcional a la gravedad de los hechos, a fin de garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso.
Los fiscales también solicitaron que el caso se declare de tramitación compleja conforme a lo establecido en el artículo 369 y siguientes del Código Procesal Penal Dominicano, modificado por la Ley 10-15. En razón de la multiplicidad de víctimas, la reiteración de los hechos, el uso de documentos públicos falsificados. Así como la afectación directa a los sistemas de salud y registral, lo que exige una investigación más técnica y prolongada.
