La implementación de bloqueadores de señales telefónicas en los centros penitenciarios de la República Dominicana representa un esfuerzo significativo por parte del Gobierno para combatir los delitos cibernéticos y las llamadas fraudulentas realizadas desde las cárceles. Aunque no se ha definido con exactitud el costo total del proyecto, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ha anunciado una donación inicial de RD$300 millones para iniciar la adquisición e instalación de los equipos necesarios. Esto es solo el comienzo. Se desconoce de dónde saldrán los recursos faltantes para ejecutarlo.
Esta cifra, destinada al Ministerio Público, forma parte de un acuerdo interinstitucional firmado entre Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel, y Miriam Germán, procuradora general de la República. El convenio busca garantizar que los centros de corrección y rehabilitación del país cuenten con la tecnología adecuada para erradicar el uso no autorizado de dispositivos de comunicación.
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Un plan en etapas con apoyo logístico del Indotel
Gómez Mazara explicó que la implementación del proyecto se llevará a cabo por etapas. Además de los bloqueadores de señal, el plan incluye la instalación de cámaras de seguridad y sistemas de monitoreo interno y externo para garantizar su éxito. “Para nosotros en el Indotel no es motivo de un sacrificio financiero, porque para la institución es mucho más importante hacer conciencia de cuán significativo es este tipo de aporte”, indicó.
El titular del Indotel señaló que también se realizarán estudios técnicos para determinar los centros penitenciarios más idóneos para implementar los equipos inhibidores, con la colaboración de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Necesidad de bloquear señales telefónicas en las cárceles
Durante la firma del acuerdo, la procuradora Miriam Germán agradeció el apoyo del Indotel y destacó la importancia de esta medida para abordar una problemática que afecta desde hace años a la sociedad dominicana. Germán subrayó que el proyecto no busca vulnerar el derecho de los internos a comunicarse con sus familias, sino combatir el uso indebido de las telecomunicaciones.
Por su parte, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien actuó como testigo del acuerdo, calificó esta iniciativa como un paso importante para reducir los delitos cometidos desde los centros penitenciarios. “Es un avance significativo para garantizar mayor seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”, afirmó.
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Próximos pasos y transparencia del proyecto
Para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos, Miriam Germán informó que el Ministerio Público llevará a cabo una licitación conforme a la Ley 340-06 y su reglamento de aplicación. Esto asegura que los fondos destinados se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la seguridad del país.
Aunque el monto total para la instalación de los bloqueadores a nivel nacional aún está por definirse, la donación inicial de RD$300 millones refleja el compromiso del Gobierno dominicano de abordar los problemas de seguridad y fortalecer el sistema penitenciario a través de soluciones tecnológicas.
