Santo Domingo. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de Peravia, logró importantes condenas contra dos miembros de una red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, armas y al lavado de activos. El grupo, desarticulado mediante la Operación Fantasma, operaba principalmente en la zona sur de la República Dominicana, en áreas como Baní, Barahona y Pedernales.
El Tribunal Colegiado de Peravia, compuesto por los jueces Mary G. Díaz Castillo, Miguel A. Pérez Méndez y Jorge T. Broun Issac, dictó la sentencia contra Jhon Braulio Acuña Chavarría, quien recibió 20 años de prisión y una multa equivalente a 400 salarios mínimos. Su cómplice, Haydee Grabiela Hernández de Acuña, fue condenada a 10 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos.
Desarticulación de la red criminal
La organización criminal que operaba en la región sur de la República Dominicana estaba compuesta por una red de personas de diversas nacionalidades, entre ellas dominicanos, venezolanos, holandeses y arubeños. La estructura incluía tanto individuos como dos empresas de fachada: Caribbean Sea Services SRL y Nuevo Orden Company SRL, que facilitaban el tráfico de drogas a gran escala mediante rutas marítimas.
La investigación, que comenzó el 29 de abril de 2021 tras el decomiso de 35 sacos con 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, llevó a la Fiscalía de Peravia y a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) a descubrir una vasta operación de narcotráfico. A lo largo de más de un año de trabajo, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que vincularon a los acusados con el tráfico internacional de drogas y el lavado de grandes sumas de dinero.
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Impacto en la seguridad financiera y el crimen organizado
El caso reveló que la red no solo se dedicaba al narcotráfico, sino que también utilizaba el sistema financiero para lavar grandes cantidades de dinero. Según la investigación, la organización logró mover más de 189 millones de pesos en el sistema financiero nacional, además de sumas significativas en dólares y otras monedas. Entre los implicados en el lavado de activos se encuentran nombres como Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Erick Fulgencio Mota y Jennifer Sahira Villafaña Pujols, quienes usaron diversas estrategias para ocultar el origen ilícito de sus fondos.
Decomiso de bienes y propiedades
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó el decomiso de varios bienes pertenecientes a los miembros de la organización. Entre los bienes confiscados se incluyen siete inmuebles de lujo, como apartamentos y villas, vehículos de alta gama, armas de fuego, fusiles y pistolas, además de diversos aparatos electrónicos utilizados para coordinar las actividades ilegales.
Prófugos y otros implicados
A pesar de las condenas, algunos miembros clave de la red continúan prófugos. Entre ellos se encuentran Albertico Franklin Leung, Seymour Myron Whitfield y David Alberto Leug, este último quien escapó del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní. La pareja de Leug, Leydimar del Carmen Prado, también se encuentra en fuga.
El Ministerio Público sigue trabajando para localizar y procesar a estos fugitivos, al tiempo que continúa con la investigación para identificar a otros posibles miembros de la red.
Reacciones del Ministerio Público
La procuradora interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Ramona Nova Cabrera, y el fiscal titular de la Fiscalía de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, calificaron las condenas como un mensaje contundente contra el crimen organizado. Ambos destacaron que la operación representa un esfuerzo conjunto para proteger la salud pública y el patrimonio del Estado dominicano.
La investigación estuvo a cargo del procurador general de Corte de Apelación, Pedro Medina Quezada, quien también expresó su satisfacción por los avances en el caso y la contundencia de las pruebas presentadas.
