Santo Domingo. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, afirmó que la reforma policial no ha producido los resultados esperados y aseguró que las muertes ocurridas durante presuntos intercambios de disparos continúan en aumento, lo que, a su juicio, evidencia un deterioro en el respeto a los derechos humanos en la República Dominicana.
El activista sostuvo que las cifras registradas por la organización reflejan un incremento sostenido de las ejecuciones atribuidas a agentes policiales, pese a los recursos destinados por el Estado para transformar la institución. Advirtió que, de mantenerse la tendencia, el balance de este año podría duplicar o incluso triplicar los casos documentados en períodos anteriores.
Mercedes recordó que participó en la mesa de trabajo para la reforma y transformación de la Policía Nacional, por lo que esperaba cambios significativos. Sin embargo, lamentó que la realidad haya sido distinta y aseguró que, desde 2020, más de 900 personas han muerto en presuntos intercambios de disparos.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 de la noche.
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CNDH cuestiona inversión y resultados de la reforma policial
El presidente de la CNDH indicó que la organización contabilizó 189 ejecuciones durante 2025 y que este año ya registra más de 200 casos. Afirmó que estas cifras reflejan que las medidas implementadas no han logrado reducir la violencia en los operativos policiales.
Asimismo, cuestionó la inversión realizada en la denominada reforma policial, que estimó entre 15 mil y 20 mil millones de pesos. Según dijo, esos recursos no se reflejan en mejoras para la ciudadanía y continúan las denuncias de abusos y violaciones de derechos fundamentales, especialmente en los barrios.
Mercedes también denunció que la Comisión recibe reportes de otras prácticas irregulares, como detenciones de familiares de personas buscadas por las autoridades y presuntos actos de tortura para obtener información sobre su paradero. Expresó que muchas de estas denuncias ni siquiera llegan a hacerse públicas.
Durante la entrevista, sostuvo que el problema no puede analizarse únicamente desde la actuación policial, sino que también debe involucrar al Ministerio Público y al Poder Judicial. En ese sentido, afirmó que el Estado ha fallado en la prevención de la delincuencia y en la aplicación efectiva de la justicia.
El defensor de los derechos humanos reconoció que algunos sectores de la población celebran las muertes de presuntos delincuentes. Explicó que esto ocurre por el impacto de la criminalidad, pero insistió en que ninguna circunstancia justifica las ejecuciones ni sustituye el debido proceso.
Finalmente, advirtió que la persistencia de estos hechos representa una seria amenaza para el Estado social y democrático de derecho consagrado en la Constitución. Asimismo, llamó a las autoridades a adoptar medidas efectivas que garanticen la protección de la vida y el respeto de los derechos fundamentales.