A cuatro años de haber iniciado la persecución a la corrupción del pasado y presente gobierno, y dos solicitudes de declaratoria de extinción penal, existe el riesgo de que se corone la impunidad, con el vencimiento del plazo para juzgar estos casos.
Cuatro años han pasado desde que el Ministerio Público inició con los arrestos a exfuncionarios, por presuntos actos de corrupción en el gobierno pasado. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los tribunales apoderados ha podido conocer a cabalidad los procesos, corriendo el riesgo de que periman.
«El causante de la idea genial de ir con una acusación con 10 o 14 tomos de mil páginas cada uno, eso es en provecho del Ministerio Público», manifestó Carlos Balcácer, abogado Caso Medusa.
«Los casos son amplios porque se cometieron muchas irregularidades, se levantaron muchas pruebas y participaron muchas personas, eventualmente deben ser expedientes amplios, esa es la parte donde entra la razonabilidad», expresó Joseph Abreu, de Participación Ciudadana.
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El artículo 148 de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal establece que la duración máxima de los procesos judiciales es de cuatro años, contados a partir de las solicitudes de medidas de coerción y los anticipos de pruebas.
Pero hace la salvedad de que las tácticas dilatorias de los imputados y sus defensas no constituyen parte del cómputo. El artículo 44 del Código Procesal Penal contempla 13 razones para declarar la extinción de la acción penal.
«No se pueden computar de manera matemática»
«Tanto el Tribunal Constitucional como recientemente la Suprema Corte ha reiterado los fallos, de que estos plazos no se pueden computar de manera matemática», dijo Joseph Abreu.
«Ellos dicen que lo matemático no se puede aplicar, si fuese para su salario los calcularían rápido los matemáticos», aseguró Carlos Balcácer.
Entre ellas: la prescripción del delito, el vencimiento del plazo para depositar acusación y vencimiento del plazo de duración máxima.
Este último utilizado por la defensa de Alexis Medina en el caso Antipulpo, y del general Adán Cáceres para solicitar la extinción. Ambas solicitudes fueron rechazadas por los tribunales.
«Habrá que dejarle la última palabra al Tribunal Constitucional porque ya eso parece que está acostumbrando a la Suprema Corte de Justicia», afirmó Balcácer.
«No nos preocupa porque estamos al tanto de que las altas cortes están conteste de que estos plazos deben ser razonables», argumentó Abreu.
Este es el estado de los casos de corrupción administrativa:
Caso Antipulpo se presentan las conclusiones, luego le tocará al tribunal dictar sentencia en juicio de fondo.
En el juicio de Coral y Coral 5G, el Ministerio Público continúa presentando testigos.
El juicio de fondo del caso Medusa iniciaría en mayo, tras la corte reasignarlo a otro tribunal.
Caso Calamar no ha iniciado la fase preliminar once meses después de depositar acusación.
Y los más recientes, Camaleón y Fedopem aún están en fase de instrucción.