Santiago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago continuará este jueves, a las 4:30 de la tarde, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los principales imputados en el caso Operación Onco14, una investigación que destapó una presunta red de fraude y lavado de activos vinculada al manejo de recursos destinados a pacientes con cáncer.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien desempeñó funciones administrativas y de auditoría dentro de la entidad.
Además de la prisión preventiva, el órgano acusador pidió que el proceso se declare de tramitación compleja, debido a la magnitud de los hechos investigados, el volumen de pruebas recopiladas y las posibles sanciones que enfrentarían los acusados en caso de una condena.
La audiencia la presidide la jueza Estefani Reyes, quien decidió aplazar el conocimiento de la medida cautelar luego de varias horas de exposición por parte de los representantes del Ministerio Público y las defensas. El proceso continuará con la fase de réplica y contrarréplica.
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Acusaciones en la Operación Onco14
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados habrían participado en una estructura que utilizó diversos mecanismos para desviar fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), recursos que estaban destinados a la atención de pacientes oncológicos.
Entre las irregularidades señaladas figuran presunto fraude clínico y farmacéutico, doble facturación al sistema de salud, utilización de sellos médicos falsificados, venta de medicamentos donados, reembolsos fraudulentos y operaciones de lavado de activos.
Las investigaciones también apuntan a que parte de los recursos presuntamente sustraídos los habrían canalizado mediante las empresas Vargas Lora & Asociados, actualmente denominada Vargas Guzmán Accounting Center, y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
De acuerdo con las autoridades, los acusados habrían facturado medicamentos y servicios que supuestamente nunca suministraron a pacientes, además de asignarse salarios, viáticos y otros beneficios económicos con fondos provenientes de las instituciones involucradas.
Allanamientos y evidencias ocupadas
La Operación Onco14 se desarrolló por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, con el apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
Durante los allanamientos realizados como parte de la investigación, las autoridades ocuparon dinero en efectivo. También equipos electrónicos, documentos, vehículos, un arma de fuego y otras evidencias que forman parte del proceso judicial.
Los imputados enfrentan cargos provisionales por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos, en un caso que ha generado gran atención pública por su presunto impacto en los recursos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer en la República Dominicana.
