La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esto, con el objetivo de reformar los artículos 3 y 7 de la legislación.
El texto legal pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
La solicitud de modificación, enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, la había aprobado en la Cámara de Diputados y enviado al Senado.
En la carta de motivación enviada al Congreso, el Poder Ejecutivo planteó que el objeto de esta iniciativa es modificar el artículo 3 del referido texto legal, de manera puntual. Con miras a brindar mayor seguridad y protección a las niñas, niños y adolescentes, víctimas especialmente vulnerables y objeto de victimización en la trata de personas, en cumplimiento del deber del Estado.
Modificaciones de la Ley
Plantean que dicha modificación busca el fortalecimiento de la norma en lo que respecta a la persecución de esta manifestación delictiva que afecta a las niñas, niños y adolescentes de manera desproporcionada. Y, que terminan persuadidos para someterlos a situaciones de explotación sexual o humana, esclavitud y trabajos forzosos.
La pieza legislativa en lo adelante, agrega el artículo 3.1; que establece que sancionarán la trata de personas con pena de 10 a 20 años de prisión. Además de una multa de ciento cincuenta a trescientos salarios mínimo del sector público.
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También, se modificó el artículo 7 de la Ley, y en lo adelante, cuando se produzca la muerte del o de las personas involucradas en trata de personas u objeto del tráfico ilícito de migrantes o cuando la víctima resulte afectada de un daño físico o psíquico temporal o permanente, se establece una pena de cinco años de prisión, en adición a la pena principal y multa de 175 a 300 salarios mínimos del sector público.
Además, establece que si las acciones agravantes antes descritas se realizan con personas que padezcan inmadurez psicológica o trastorno mental. También, personas discapacitadas o vulnerables, en niños, niñas o adolescentes. Indican que la pena de reclusión es 20 a 30 años. Y, una multa de 200 a 400 salarios mínimos del sector público.
Al cerrar los trabajos legislativos, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que oportunamente convocará para la próxima sesión.
