Santo Domingo, RD.- La asistencia de traductores judiciales para extranjeros en conflicto con la ley en el país está sujeta a que la secretaria de un tribunal logre contactar a un traductor que no quiere brindar sus servicios al Poder Judicial por el insignificante pago que la institución ofrece.
República Dominicana es signataria de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos que en su artículo número 8 prevé que los Estados proveerán de la asistencia gratuita de un traductor o intérprete a los imputados que manifiesten hablar un idioma distinto al del juzgado o tribunal. Pero, en la práctica, la Asociación Dominicana de Intérpretes Judiciales (ADIJ) asegura que el Poder Judicial lo que cuenta es con un listado de nombres y contactos desactualizados de políglotas que no se sienten augustos sirviéndole a esa institución.
No estamos motivados debido a la remuneración pírrica que es de 750 pesos por la jornada completa menos el diez por ciento, tres meses después a través de un cheque
Luis Pérez Guzmán, presidente ADIJ
La situación ha llevado a jueces a tener que auxiliarse de cualquier persona que maneje el idioma de la víctima o el imputado extranjero, porque no se cuenta con un profesional imparcial o el proceso para convocarlo resulta ser muy burocrático.
El magistrado Alejandro Vargas en un momento se auxilió de un preso, a mí me consta. Mandó a buscar a un preso. Allá en el del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en la tercera planta, para que le sirviera de interprete.
Luis Pérez Guzmán, presidente ADIJ
Creación de un banco remunerado de intérpretes y traductores
Ante la práctica irregular, Luis Pérez Guzmán, Presidente de la Asociación Dominicana de Intérpretes Judiciales, propone a la Suprema Corte de Justicia la creación de un banco de intérpretes remunerados.
Tanto para la fiscalía del Distrito como para los Defensores Públicos, que asisten a más del 96 por ciento de los extranjeros en conflicto con la ley dominicana, resulta imperante contar con estos profesionales como auxiliares del sistema de justicia.
Se consiguen, nosotros tenemos traductores, pero no deja de ser un problema porque no es una persona que está aquí en la fiscalía esperando que llegue alguien con ese problema
Rosalba Ramos, procuradora Fiscal del D.N
Yo no veo admisible que se pueda elegir a cualquier persona en la calle para que venga a traducir en algún idioma a un extranjero
Rodolfo Valentín, director Oficina Nacional de Defensa Pública
Tener profesionales que manejen múltiples idiomas para asistir a los extranjeros con problemas judiciales no solo puede verse como una garantía de derecho, también como un mecanismo que facilite la aplicación de la ley, porque aun cuando el idioma no es una barrera para que un extranjero enfrente un juicio, a decir de los consultados, existen quienes lo utilizan como tal, para retrasar el proceso.