Santo Domingo. La Asociación Pro Desarrollo Integral de la Ciencia (Aprodedica) presentó un informe técnico con observaciones al proyecto de modificación de la Ley 74-25, que introduce cambios al Código Penal, en el que plantea ajustes a varios artículos con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, proteger los derechos fundamentales y adecuar la normativa a los principios constitucionales.
Entre las principales recomendaciones, la entidad propone definir con mayor precisión el concepto de consentimiento en los casos de actividad sexual no consentida, a fin de proteger a las víctimas sin afectar el debido proceso, la presunción de inocencia ni el derecho de defensa.
En materia de discriminación, Aprodedica considera que las conductas sancionadas deben describirse de forma objetiva para evitar interpretaciones ambiguas que puedan generar inseguridad jurídica.
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Respecto a los artículos sobre difamación e injuria, la organización sostiene que el Código Penal debe garantizar un equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de expresión. En ese sentido, recomienda adecuar esas disposiciones a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Informe técnico busca reforzar seguridad jurídica
El informe también sugiere delimitar con claridad los delitos de ultraje y ultraje a funcionarios públicos. El objetivo es evitar que estas figuras sean utilizadas para penalizar opiniones o críticas legítimas dirigidas a servidores públicos.
Asimismo, plantea fortalecer la protección del debate democrático y del periodismo responsable en los artículos relacionados con las expresiones de interés público, al considerar que periodistas, investigadores, académicos y ciudadanos deben poder informar y opinar sobre asuntos de interés general sin enfrentar sanciones desproporcionadas.
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En cuanto al delito de certificación falsa del estado de salud, Aprodedica propone exigir de manera expresa la existencia de dolo. También de un perjuicio jurídicamente relevante, al entender que no toda inexactitud o error profesional debe derivar en responsabilidad penal.
En sus conclusiones, la organización afirma que sus observaciones no buscan debilitar el nuevo Código Penal, sino fortalecerlo desde una perspectiva constitucional y técnica. Señala que un Código Penal moderno debe ofrecer seguridad jurídica. Asimismo, proteger a las víctimas, respetar los derechos fundamentales y establecer reglas claras para jueces, fiscales, abogados y ciudadanos.
