El abogado Ángel Lockward devolvió de manera voluntaria a la Procuraduría General 220 millones de pesos, producto de la defraudación del erario, entre diciembre del año pasado y marzo de este 2024, según la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), el pasado mes de abril.
El expediente acusatorio del caso Operación Calamar, considerado uno de los mayores casos de corrupción investigados en los últimos cuatro años, detalla un aumento significativo en el patrimonio de cinco abogados en pocos meses durante el año 2020. Según el expediente, los abogados habrían falsificado documentos públicos y privados, así como recurrido al lavado de activos.
Entre los involucrados, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández destacan por haber incrementado su patrimonio de manera exorbitante, llegando incluso a lucrarse con 1,500 millones de pesos y sobornar a funcionarios gubernamentales con una cantidad casi igual, según lo indicado en el expediente.
Otro de los abogados implicados es Ángel Lockward Mella, quien ha admitido su responsabilidad en el desfalco al Estado y colabora con el Ministerio Público. Lockward Mella devolvió de manera voluntaria a la Procuraduría General 220 millones de pesos, producto de la defraudación del erario, entre diciembre del año pasado y marzo de este 2024, según la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) el pasado mes de abril.
La supuesta estafa se habría llevado a cabo en los últimos meses del Gobierno del expresidente Danilo Medina, durante los cuales se realizaron pagos millonarios por propiedades declaradas de utilidad pública. Entre los acusados también se encuentran exministros como Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, así como otras 40 personas físicas y jurídicas.
