El abogado penalista Francisco Álvarez Martínez advirtió que la reciente promulgación del Código Procesal Penal (CPP) podría generar una ola de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, debido a deficiencias en su discusión, modificaciones aceleradas y la ausencia de un período de vacatio legis que permitiera su correcta implementación.
Las declaraciones de Álvarez surgen en medio de quejas por la entrada en vigencia inmediata del nuevo código. El cual ha sido defendido por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien aseguró que la reforma fue fruto de un proceso “responsable, amplio y consensuado”.
Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p. m., Álvarez explicó que el retraso histórico para discutir la reforma creó un escenario de improvisación.
Señaló que, aunque el Tribunal Constitucional otorgó un plazo razonable, durante años el Congreso evitó abrir el debate. Más bien, solo aceleró la discusión cuando ya era demasiado tarde para incorporar aportes de la sociedad civil.
El experto advirtió que esta premura afectó la calidad del proceso legislativo, ya que “el proyecto cambió demasiadas veces entre una cámara y otra”, dificultando el análisis técnico desde fuera del Congreso. Esta falta de trazabilidad, según Álvarez, provocó desconfianza y debilidades estructurales en el texto aprobado.
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Riesgos por falta de vacatio legis
Uno de los principales cuestionamientos del jurista es la inmediata entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Dijo que esto genera inseguridad jurídica, pues obliga a abogados y jueces a aplicar disposiciones nuevas de un día para otro, sin tiempo para estudiarlas ni contar con versiones impresas oficiales.
Álvarez considera un error “cambiar de forma abrupta la norma que regula el derecho más sensible para un ciudadano: su libertad”. Destaco que los operadores del sistema penal trabajan bajo presión, en audiencias orales y con decisiones inmediatas.
Abogado penalista explica cómo se aplicará el nuevo Código Procesal Penal en el caso Senasa
Cuestionado sobre cómo se aplicará el nuevo Código Procesal Penal en casos como el expediente de corrupción del Senasa, Álvarez explicó que las normas procesales tienen principio de aplicación inmediata, pero siempre que favorezcan al imputado. Por tanto, los jueces deberán examinar artículo por artículo cuál versión resulta más beneficiosa para el acusado.
Esto, dijo, implicará un ejercicio complejo de interpretación que obligará a estudiar simultáneamente ambos códigos, lo que aumentará la carga sobre el sistema judicial.
Una oportunidad no aprovechada
Álvarez calificó como una “gran oportunidad desaprovechada” el hecho de que el Código Penal y el Código Procesal Penal no fueran armonizados. Afirmó que ambas piezas “hablan lenguajes distintos” y que la falta de coherencia afectará su aplicación práctica.
El penalista reconoció que existen avances importantes, particularmente en derechos de las víctimas. Sin embargo, insistió en que la reforma también contiene debilidades constitucionales que inevitablemente se llevarán a los tribunales.