Santo Domingo.—La República Dominicana enfrenta una crisis de seguridad vial que ha cobrado miles de vidas a lo largo de los años. En un intento por reducir los accidentes de tránsito y fortalecer el cumplimiento de la normativa, autoridades proponen modificar la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, busca modificar la Ley 63-17 ante la creciente crisis de seguridad vial, el cual presentó varias iniciativas para. Entre ellas, destacó la declaración en rebeldía de los conductores que no paguen sus multas en el plazo establecido, lo que podría llevar a la suspensión de sus licencias de conducir. Además, se plantea extender el plazo de prescripción de las multas de un año a cinco, con el objetivo de fortalecer las sanciones y garantizar la aplicación de justicia.
Otro aspecto clave de la nueva reforma, en la 63-17, es el endurecimiento de las penas contra las carreras clandestinas, que podrían ser castigadas con hasta dos años de prisión. Asimismo, se propone la retención de vehículos de conductores que estacionen de manera indebida o manejen bajo los efectos del alcohol, otorgando facultades a la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesset) para realizar pruebas de alcoholemia y operativos nocturnos en zonas críticas.
El diputado Tobías Crespo, autor de la Ley 63-17, ha expresado su preocupación ante la falta de aplicación efectiva de la normativa. «No es un problema de ley, sino de voluntad política. La ley tiene los mecanismos, pero no se han implementado de manera eficiente», indicó el legislador. Según él, en los últimos cuatro años, el Intrant ha tenido cuatro directores distintos, lo que ha impedido la continuidad de planes y proyectos.
Por su parte, el experto en seguridad vial Dary Terrero señala que la problemática de los accidentes de tránsito en el país está relacionada con una falta de regulación adecuada, especialmente en el uso de motocicletas. «El 65 % de los accidentes involucran motocicletas. Si no regulamos este sector, seguirá siendo la principal causa de muertes en las vías», explicó Terrero.
Las cifras son alarmantes. Según datos recientes del Ministerio de Interior y Policía, solo en lo que va de 2025 se han registrado más de 15,000 accidentes de tránsito, dejando un alto número de víctimas fatales y heridos. Este fenómeno no solo tiene un impacto humano devastador, sino también un costo económico y social significativo para el país.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales y legislativos, la crisis de seguridad vial continúa siendo una preocupación nacional. La discusión sobre la reforma de la Ley 63-17 es vista como una oportunidad para establecer medidas más estrictas y garantizar su cumplimiento efectivo, con la esperanza de reducir la alta tasa de mortalidad en las carreteras dominicanas.
Víctimas mortales en las vías de República Dominicana ¿Qué pasa con la 63-17?
Los accidentes en carretera no son simples eventos fortuitos, sino el resultado de una combinación de fatalidad, negligencia y circunstancias imprevistas que, en muchos casos, tienen consecuencias devastadoras e irreversibles. Veamos algunos casos de personas que jamás imaginaron que su vida terminaría en el pavimento.
El 11 de marzo, el conductor de una motocicleta identificado como Deyvy Ventura, perdió la vida, tras ser arrollado, presuntamente, por el conductor de un vehículo que lo abandonó en el pavimento. El accidente ocurrió en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, mientras Ventura se dirigía a su trabajo en la OPRET.
Durante el fin de semana del 15 y 16 de marzo, se reportaron varios accidentes de tránsito en distintas regiones del país, con un saldo de al menos nueves fallecidos. Entre las víctimas se encuentra Harlin Rafael Gutiérrez, de 23 años, quien perdió la vida en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, tras chocar su motocicleta contra un automóvil en el bulevar Manolo Tavárez Justo. Según los informes, Gutiérrez conducía a alta velocidad al momento del accidente.
Ese mismo día, Yeilin Coplin perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo, cuyo conductor la dejó abandonada en las afueras de Miches, provincia El Seibo, frente a la gallera José Coplin.
Ese fin de semana también falleció Daniel Carela, de 20 años, luego de perder el control de su motocicleta en la Autopista 6 de noviembre, frente al Club Palace. Fue trasladado al Hospital Doctor Juan Pablo Pina, donde se confirmó su deceso a causa de los traumatismos sufridos.
Asimismo, las autoridades reportaron un accidente en Paya, Baní, que dejó tres personas fallecidas y varios heridos. El incidente involucró el choque entre un jeep Mercedes Benz y una motocicleta. Entre las víctimas mortales se encontraban Artemio Vizcaíno Castillo, de 32 años; Wilkin Vizcaíno, de 38 años; y Ada Luz Medina, de 24 años.
A esta lista se suma Ada Luz Medina, de 22 años, hija del comunicador Giovanni Medina, quien fue arrollada por un vehículo que tras cometer el hecho huyó del lugar, Según testimonios, la joven bajó de la guagua en la que viajaba para ir al baño y, al intentar volver a subir, fue impactada.
Otro hecho trágico ocurrido en el 2024, fue la muerte de Julio César de la Rosa Peralta, hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa. Quien fue atropellado por una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Skarle Valentina Mujica, quien tras el incidente abandonó el lugar sin prestarle asistencia a la víctima.
Según el Ministerio Público, el hecho se registró 15 de julio, siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, cuando la venezolana supuestamente transitaba a alta velocidad por la autopista 30 de mayo, próximo a la Dirección General de Pasaporte, del Distrito Nacional, zona en la que embistió al hoy occiso Julio César de la Rosa quien perdió la vida inmediatamente.
