Empleados y testigos relatan presuntas irregularidades en el Instituto Oncológico del Cibao vinculadas al uso indebido de beneficios del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a órdenes de la administración encabezada por el ingeniero Héctor Lora.
Fuentes que trabajaron en el Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas describen que durante más de cuatro años se cambiaban indicaciones de pacientes procedentes de otros centros para que Senasa cubriera estudios, análisis y medicamentos, aun cuando dichas indicaciones no correspondían al historial real.
“Nos informaron que para que el seguro pudiera cubrirle solamente cambiábamos el Senasa subsidiado… le cambiábamos la indicación, no importa del lugar que fuera”, dice una extrabajadora citada en los testimonios.
Denuncian que las órdenes provenían directamente del ingeniero Héctor Lora y de la encargada de Recursos Humanos, Joanna Fernández, mediante notas, sellos y directrices para ejecutar los cambios sin cuestionamientos.
Según los testimonios, se manipulaban expedientes, se fabricaban diagnósticos cuando el paciente no tenía ninguno y se indicaban estudios de alto costo innecesarios para consumir la cobertura del seguro, incluyendo la apertura de emergencias y la administración de medicamentos y sueros no requeridos.
Trabajadoras relatan jornadas extensas y tres turnos entre las 7:00 y las 16:00, y que la práctica continuaba luego del horario formal con médicos de guardia obligados a modificar indicaciones.
Impacto en pacientes y operaciones internas
Se informó que camas para pacientes oncológicos eran ocupadas por personas sin cáncer para priorizar procedimientos financiados por Senasa, provocando rechazos de pacientes oncológicos reales y la atención simultánea de varias personas en una misma cama.
“Esto es un negocio, no estamos aquí para ayudar”, atribuyen como la frase favorita de Héctor Lora, y testigos afirman que la obtención de ingresos a través del seguro primaba sobre la atención médica adecuada.
Relatan además la prohibición de donar medicamentos a pacientes pobres pese a recibir donaciones de visitadores médicos; según el testimonio, esos insumos eran retenidos para evitar que los pacientes dejaran de comprar en la farmacia del centro.
La directora médica, la doctora Naly Cruz, no ejercía autoridad en el departamento de cambios y no tenía injerencia en esas prácticas, que describen como ordenadas únicamente por Lora y Recursos Humanos.
Empleados y exempleados detallan que pacientes llegaban desde distintas provincias y centros privados; la voz sobre el servicio de cambio de indicaciones se difundía de boca en boca, generando un flujo masivo de personas que esperaban desde la madrugada.
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Acusaciones sobre la casa de acogida y la fundación
Un testigo que trabajó como encargado de la casa de acogida vincula a la esposa de Lora, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD, con la sustracción de seguros, apropiación de donaciones y uso de bienes donados en beneficio propio.
Ese testigo aseguró que se obligaba a pacientes a grabar videos promocionales y que donaciones, alimentos y hasta un minibús donado por la Fundación Refidomsa se utilizaron para fines distintos a los prometidos, con uso ocasional para proyectos personales de la administración.
El mismo testigo afirmó que las ganancias provenientes de las copias y los cambios de indicaciones sumaban montos mensuales que debía entregar a Lora, y que él o personas de su confianza manipulaban expedientes durante la noche para asegurar el cobro al seguro.
También declaró que se habrían comprado impresoras y equipos para agilizar la falsificación de documentos y que se ofrecieron coimas y amenazas para que destruyera expedientes comprometedores.
El relato incluye acusaciones sobre asignaciones laborales a terceros sin funciones reales, beneficios personales en bienes inmuebles y vehículos, y presión y amenazas contra quienes cuestionaban las prácticas.
Testigos expresaron temor a represalias por parte de Lora tras revelar lo sucedido, pero afirmaron que su motivación para hablar fue el compromiso con los pacientes y la conciencia profesional.
Informaron que el Departamento de Cambios de Indicaciones fue clausurado en 2025 tras una inspección del Ministerio Público que constató irregularidades, y que actualmente el servicio ya está prohibido, aunque todavía el público solicita ese tipo de trámite.
Los testimonios incluyen registros y afirmaciones sobre manejo de dinero, entrega de copias, firmas y control por parte de Recursos Humanos como parte del procedimiento que aseguraba el flujo de recursos hacia la administración.
Las prácticas descritas provocaron la saturación del seguro del paciente y riesgos directos para la salud de quienes realmente necesitaban atención oncológica.
