Santo Domingo. A pesar de que la Ley Inquilino en la República Dominicana comenzó como una herramienta para regular la convivencia en los condominios, esta se ha convertido en un arma de doble filo para los propietarios. Abogados inescrupulosos están utilizando las lagunas de la ley en complicidad con empleados judiciales para arrebatar sus propiedades.
Tras un fiscal activo levantar la voz de alerta sobre las debilidades de la Ley de Inquilinato en el país y cómo esta está siendo manipulada para despojar a propietarios de sus inmuebles, la periodista Addis Burgos, para el programa Desclasificado, conversó con este, quien contó su pesadilla.
El caso de Armando García
Armando García, afectado por esta situación, ha compartido su experiencia como ejemplo de cómo se puede abusar del sistema. Según García, una red de abogados y empleados judiciales ha manipulado la Ley de Condominios para despojar a los propietarios de sus bienes.
El problema comenzó cuando compró un apartamento en el Residencial Sereniti I, ubicado en Santo Domingo Norte.
Contó que empezó a recibir notificaciones de deudas de mantenimiento que él nunca había reconocido ni correspondían a su propiedad.
“A través de su propia empresa, bajo irregularidades y falsedades, destacaron deudas de mantenimiento de los propietarios de un condominio de 16 apartamentos, hicieron esa acta de asamblea, entonces hicieron la inscripción de privilegio ante el registro de títulos”, indicó García
Te recomendamos leer
Dijo que: “Esa fue la primera notificación que utilizaron para hacer la inscripción de privilegio, la segunda establece que la recibí yo personalmente, cuando nunca he residido en ese residencial, otra notificación ya cuando nunca he residido en ese residencia”
Manipulación y fraude
García denuncia que se creó un acta de asamblea falsa, que fue utilizada para inscribir privilegios ante el registro de títulos de manera fraudulenta.
El afectado contó a las cámaras de Desclasificado que la primera notificación tiene fecha del 25 de enero de 2023, mientras que la segunda data del 23 de marzo de ese mismo años.
Red de corrupción
El caso revela una red de corrupción dentro del sistema judicial dominicano. Según García, el acta de asamblea, que es clave en el proceso legal, fue firmada por un alguacil que ejercía en una jurisdicción incorrecta y por un notario asociado con GRUPO PERO, el cual está vinculado a la manipulación de estos documentos.
“Ahí es que se inicia con una simulación de un acta de asamblea que yo he destacado que es bajo irregularidades y falsedades, porque ha sido compuesta por una asociación de malhechores, que falsifico documentos, está compuesta por un notario público connotado, se asoció con su hija Alexa Peguero, el notario público Leoncio Peguero”, señaló.
Armando García denuncia que en el residencial nunca se conformó una junta de condómines. Por el contrario, con un falso propósito se hizo una lista de propietarios que GRUPO PERO luego utilizó sin su consentimiento.
“Mediante esa acta de asamblea, primero ellos simulan que son parte del consejo directivo de un condominio, de inmediato yo verifico que como propietario todos sabemos que ese condominio nunca se ha formado, nunca se ha constituido válidamente, incluso es una situación que todos los propietarios siempre han requerido de que se conforme válidamente porque siempre ha sido tortuoso el tema de los mantenimientos, exigir el pago como también exigir los deberes y las obligaciones”, declaro
El fiscal denuncio que la fiscalía ha mostrado apatía ante el caso. Incluso recibiendo información sobre conexiones entre los involucrados y miembros del sistema judicial.
Repercusiones y clamor por reforma de Ley de condominio
El caso de García subraya la urgencia de una reforma que asegure una protección efectiva para todos los propietarios e inquilinos.
La denuncia del fiscal pone en evidencia una necesidad crítica de reformar las leyes y los sistemas judiciales para evitar abusos y garantizar justicia. Mientras tanto, tanto el fiscal como los propietarios afectados continúan luchando para que se haga justicia y para que el sistema funcione de manera equitativa.