El gobierno de Rumania revocó el domingo un decreto de emergencia que despenalizaba algunos casos de corrupción luego de protestas multitudinarias internas y críticas del exterior.
El gobierno del primer ministro Sorin Grindeanu aprobó el decreto inicial la noche del miércoles sin participación del Parlamento.
Después de la anulación de la medida, Grindeanu solicitó al ministro de justicia que prepare una iniciativa que será enviada al Parlamento, para que la sometan a debate y aprobación.
El Partido Social Demócrata, de centro izquierda, es mayoritario en el Parlamento con un socio legislativo menor. El presidente Klaus Iohannis firmará después la medida.
La Corte Constitucional del país tiene programado todavía pronunciarse sobre la legalidad del decreto original.
La medida despenalizaba algunos casos de corrupción si los recursos implicados eran inferiores a 200.000 lei (47.800 dólares).
Los detractores aseguran que la esa medida alentaría a las autoridades a actuar irregularmente sin rebasar esa cantidad.
Grindeanu señaló que el nuevo proyecto de ley debe atenerse al fallo de la corte, a las disposiciones europeas y al código penal de Rumania.
Por sexto día consecutivo, los inconformes protestaron el domingo contra el decreto en la capital, Bucarest.
Una vasta mayoría ha manifestado su ira porque la medida debilitó la lucha del país contra funcionarios corruptos, entre ellos el dirigente del Partido Social Demócrata, en el poder.
Por primera vez, centenares de personas se manifestaron el domingo en apoyo al gobierno afuera del palacio presidencial.
En un abrupto cambio de postura, Grindeanu dijo el sábado que revocaría el decreto durante una reunión de emergencia porque no quería «dividir a Rumania …. Rumania en este momento parece divida en dos«, agregó.
Liviu Dragnea, jefe del partido gobernante, habría sido uno de los posibles beneficiarios del decreto original.
