Espoleado por la orden de demolición de la colonia ilegal de Benjamín Netanyahu ordenada para el día de Navidad por el Tribunal Supremo, Benjamín Netanyahu ha acabado cediendo a la presión del ala ultranacionalista del Gobierno más derechista en la historia de Israel. El primer ministro ha aceptado acelerar, guiado por la máxima de mantenerse en el poder a toda costa ante el riesgo de fractura en la coalición, un proyecto de ley que legaliza con efectos retroactivos colonias judías que fueron construidas sin autorización sobre terrenos de propiedad privada palestina en Cisjordania.
La controvertida norma, que ha desatado el rechazo de la comunidad internacional por comprometer la solución de los dos Estados, emprendió la noche del lunes su tramitación en la Knesset con el voto a favor de 60 diputados de la mayoría y el rechazo de 49 de la oposición. En contra de los planes de la extrema derecha religiosa, el polémico outpost de Amona tendrá que ser trasladado a una zona cercana a fin de acatar el fallo del Alto Tribunal. El líder de la oposición, el laborista Isaac Herzog, advirtió de que la nueva ley implicaba un “suicidio nacional” y el avance hacia el modelo de un solo Estado binacional.
El enviado de Naciones Unidos para Oriente Próximo, Nicolay Mladenov, dijo tras la votación: “Hay quien considera que la ley supone un paso hacia la anexión de Cisjordania (…), solo contribuirá a reducir las expectativas de un acuerdo de paz entre árabes e israelíes”. Tras la retirada de la llamada “cláusula Amona” –que pretendía mantener en su lugar esté outpost de cerca de 400 colonos en un claro desafío a la orden del Supremo de devolver las tierras que ocupan a sus dueños palestinos originales–, la nueva norma dará un vuelco al derecho de propiedad en los territorios ocupados por Israel desde1967. Cuando haya superado la tramitación parlamentaria, los ocupantes de unas 4.000 edificaciones en 102 colonias “ilegales” erigidas sin permiso de las autoridades de Israel verán prácticamente equiparados sus derechos a los de los más de 400.000 habitantes de los 120 asentamientos judíos “legales” en Cisjordania. Tanto los primeros como los segundos carecen de legitimidad para la comunidad internacional, según el criterio expresado a través de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Mediante un sistema expropiatorio de nuevo cuño, el proyecto de ley inicialmente votado en la Knesset establece un derecho de usufructo para los colonos que ocupan terrenos de propiedad privada palestina, cuyos titulares legítimos recibirán a cambio una compensación económica. “Esta solución permitirá a los residentes (en Amona) a permanecer en su colina como una comunidad”, precisó Netanyahu, citado por el diario Haaretz. “Detrás de Amona hay muchas Amonas; nos preocupa que se repitan los incidentes (de desalojo de colonos judíos). Buscamos una solución legal en un periodo políticamente delicado”, puntualizó el primer ministro israelí en alusión a la transición en el poder en la Casa Blanca entre los presidentes Barack Obama, abierto defensor de la solución de los dos Estados, y Donald Trump, visto como más favorable a la expansión de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.
En una intervención ante un foro de la Brookings Institution, el secretario de Estado norteamericano saliente, John Kerry, expresó el domingo su pesimismo ante una cercana eventual solución al conflicto israelo-palestino. “No es posible la paz (de Israel) con el mundo árabe sin un proceso de paz con los palestinos”, advirtió. “Más del 50% de los ministros del actual Gobierno (israelí) han expresado en público su oposición a la creación de un Estado palestino”, precisó Kerry para resaltar los escollos que afronta la solución de los dos Estados bajo el Gabinete ultraconservador de Netanyahu. Varios ministros también son colonos en Cisjordania. Las negociaciones entre ambas partes permanecen rotas desde abril de 2014.
