MEXICO (AP) — En la Procuraduría General de la República están convencidos de que al menos un número importante de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 fueron asesinados y quemados en un basurero y se mantiene como su principal línea de investigación, a pesar de que un reporte de expertos internacionales afirmó que eso no sucedió.
El director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, dijo el lunes que los más de 100 peritos de la Procuraduría General de la República no pueden estar equivocados, por lo que esa tesis continúa como la verdadera para ellos.
«No podemos estar equivocados», sostuvo en Enfoque Radio el funcionario, cuya oficina ha sido una de las principales áreas que ha participado en la investigación de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado sureño de Guerrero.
«Podemos tener alguna falla como están diciendo de los autobuses que estamos revisando, pero en la parte pericial y científica estoy seguro de lo que se realizó en la Procuraduría», añadió.
Francisco Cox, abogado chileno y miembro del grupo de expertos, dijo a Milenio televisión: «No descartamos que hayan sido incinerados en otro lugar».
Apenas el domingo, luego de conocerse el reporte, la procuradora general Arely Gómez anunció que solicitará un nuevo peritaje sobre lo que ocurrió en el basurero a expertos «del más alto prestigio».
El subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos, dijo a The Associated Press que las autoridades mexicanas iniciaron la discusión de quiénes serán los peritos que harán el nuevo estudio.
«Implicará hacer una revisión muy minuciosa de todos los perfiles de aquellos que integren el grupo (…) con el mayor perfil de antecedentes de neutralidad, imparcialidad, de transparencia que para que ofrezca total certeza», dijo el funcionario.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe que desacreditó la investigación del gobierno, en particular la tesis principal de que los estudiantes fueron calcinados en un basurero de la municipalidad de Cocula por miembros del narcotráfico.
Los expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran ser quemados y la conclusión fue que «los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula».
El grupo también señaló una nueva teoría: El ataque pudo darse porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con un traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los autobuses que ellos habían tomado ese día para transportarse, algo que las autoridades mexicanas no habían considerado.
Los resultados del informe provocaron el enojo de los padres de los alumnos, quienes exigieron una reunión con el presidente, Enrique Peña Nieto, y que los expertos permanezcan en el país de manera indefinida.
El mandatario dijo el lunes que está dispuesto a reunirse nuevamente con los padres, con la presencia de los cinco expertos, y aseguró que lo une a los familiares «el deseo de conocer la verdad».
Los familiares demandaron que la reunión se realice antes del 10 de septiembre, pero el presidente no dijo cuándo podría ocurrir.
«Soy el primero en asumir el pleno interés, no sólo como presidente, sino porque la sociedad demanda y tiene razón en saber con verdad qué fue lo que ahí ocurrió», dijo Peña Nieto en un evento público en el estado central de Puebla.
Tanto el gobierno mexicano como la Comisión Interamericana han dicho que están de acuerdo en ampliar la presencia del grupo de expertos para que continúen sus labores de investigación. Originalmente el plazo concluía en septiembre.
