Con 110 votos a favor el Congreso de Guatemala aceptó la renuncia de Otto Pérez Molina, oficialmente ya no es Presidente.
Se requería al menos 105 de los 158 diputados del Congreso de Guatemala votarán a favor para aprobar la renuncia que Pérez Molina presentó esta madrugada ante el Legislativo.
De inmediato se juramentará al vicepresidente del país, Alejandro Maldonado, como nuevo jefe de Estado para que asuma el Gobierno hasta el próximo 14 de enero de 2016, cuando culmina el mandato constitucional de Pérez Molina.
Maldonado deberá presentar al Parlamento una terna de candidatos para que los diputados seleccionen a su sucesor en la vicepresidencia.
Mientras que el fiscal José Antonio Morales acuso a Otto Pérez Molina de tener pleno conocimiento de la existencia de una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos y empresarios, que recibían sobornos ofrecidos por importadores a cambio de eximir de trabas y reducir el monto de los impuestos.
La audiencia inició con la lectura y explicación de las acusaciones de corrupción que provocaron la renuncia de Pérez Molina como mandatario de la nación centroamericana.
Morales hizo que se escucharan algunas de las escuchas legales en las que se basa la investigación adelantada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo adscrito a la ONU. En las grabaciones se escucha a dos supuestos funcionarios que supuestamente explicaban cómo funcionaba dicha organización criminal.
Pérez Molina, de 64 años, renunció y decidió presentarse ante el Tribunal luego de que el juez girara una orden de aprehensión para hacer frente a acusaciones de cohecho y fraude fiscal.
Pérez Molina viste un traje azul, camisa a rayas y corbata roja. A su arribo al Tribunal, no quiso dar declaraciones a la prensa.
La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, organismo adscrito a la ONU, anunciaron en abril la desarticulación de una presunta organización criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares, que presuntamente recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos.
La estructura, denominada «La Línea» por ser una especie de «alternativa» para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti.
Al menos cien personas están siendo investigadas por el caso de «La Línea». Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y se encuentra detenida preventivamente, acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
