CIUDAD DE MEXICO (AP) — Los expertos argentinos que coadyuvan con la fiscalía mexicana en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México en septiembre de 2014 indicaron que el último peritaje sobre el basurero donde supuestamente fueron quemados los jóvenes está incompleto y no ofrece las explicaciones necesarias para aportar datos nuevos.
Desde noviembre de 2014, el gobierno mexicano mantiene que el 26 y 27 de septiembre de ese mismo año los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron capturados en Iguala, en el estado de Guerrero, por policías locales y entregados después a miembros del crimen organizado, quienes los quemaron en una gran hoguera encendida en el basurero de Cocula -localidad cercana a Iguala- y sus restos fueron después arrojados a un río de la zona.
Pero dos estudios posteriores, uno de los peritos argentinos y otro de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -que también investiga el caso con la autorización del gobierno mexicano-, echaron por tierra esa versión al asegurar que una hoguera de tal magnitud no fue posible.
Con el fin de aclarar lo sucedido en el basurero y acallar las críticas de las familias de las víctimas, que acusaban al gobierno de engañarlos, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) anunció a finales del año pasado la creación de un nuevo grupo de expertos en fuego que exclusivamente realizarían un nuevo peritaje del basurero.
Este grupo contó finalmente con el visto bueno de la Comisión Interamericana y comenzó a trabajar en febrero de este año.
El viernes, Ricardo Damián Torres, presentado por la fiscalía como representante del nuevo equipo, dio a conocer las primeras conclusiones de su trabajo e indicó que en el basurero hubo un fuego «controlado de grandes dimensiones» y evidencias suficientes de que «17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar». Sin embargo, dijo necesitar más pruebas para saber si fue posible hacer una hoguera para incinerar 43 cuerpos.
El Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) que trabaja en el caso desde octubre de 2014 y el único grupo de investigadores que, junto con la fiscalía, trabajó directamente en el basurero emitió el sábado un comunicado en el que enumera las carencias del nuevo peritaje y subraya que éste «ni afirma ni niega» la versión oficial.
El documento de los argentinos indica que los nuevos expertos no especifican cuándo pudo haber ocurrido ese gran fuego, ni si pudieron existir otros fuegos en ese mismo lugar en otros momentos, ni desde qué fecha pudieran estar allí los restos humanos encontrados. Ni siquiera aclaran, añade el comunicado, si los hechos están vinculados a la desaparición de los 43 desaparecidos.
Por tal motivo pidieron al grupo que aporte más datos y explique sus conclusiones. Asimismo, mostraron su disposición a discutir los resultados de los diversos peritajes.
El EAAF recordó que después de más de un año de trabajo de campo no pudieron encontrar evidencias que vincularan el basurero con los 43 estudiantes desaparecidos aunque sí hallaron pruebas de múltiples fuegos anteriores a 2014 y restos calcinados de al menos 19 personas. Sin embargo no pudieron determinar desde cuándo esos restos estaban en el basurero, máxime cuando la fiscalía tiene registradas cerca de 300 desapariciones en esa zona en los últimos años, una región acosada por distintos grupos del crimen organizado.
Los peritos argentinos constaron, además, que algunos de los restos del basurero no eran de los estudiantes porque, por ejemplo, se halló una prótesis dental en una mandíbula y ninguno de los jóvenes llevaba una.
El nuevo peritaje presentado el viernes ha tensado las relaciones de los expertos internacionales y la fiscalía. El grupo de la Comisión Interamericana dio por roto su diálogo con la procuraduría y la acusaron de violar los acuerdos que tenían con ellos porque se dijeron cosas que «no fueron explicadas» al grupo y algunos datos no eran de consenso.
La PGR ha negado las acusaciones y el sábado aseguró en un comunicado que el nuevo estudio «de ninguna manera es unilateral».
Mientras tanto, el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, indicó a varios medios locales que las nuevas informaciones creaban más confusión en torno al caso.
Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos siguen reclamando al gobierno que busque a sus hijos con vida o que les aporte pruebas científicas de su muerte, pero hasta ahora sólo se ha podido identificar mediante ADN un hueso calcinado que pertenece a uno de los estudiantes, Alexander Mora.
Un resto de otro estudiante pudo ser identificado, pero mediante una prueba experimental que no es 100% fiable, coincidieron en afirmar la fiscalía y los peritos argentinos.
Ambos restos se localizaron en una bolsa a la orilla de un río. Según el gobierno esa bolsa contenía restos recogidos del basurero de Cocula. Los argentinos insisten en que no cuentan con evidencias para confirmar tal afirmación.
