GUATEMALA.- Una jueza guatemalteca prohibió el lunes por la tarde al diputado oficialista Edgar Ovalle que abandone el país, para asegurar su presencia mientras es investigado por una masacre de más de 200 personas ocurrida durante la guerra.
Hilda Pineda, Jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, confirmó el lunes por la noche a The Associated Press la decisión de la jueza Claudette Domínguez, quien dirige el caso conocido como Creompaz, donde se investiga la masacre de cientos de personas en un antiguo destacamento militar donde hoy funciona un Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz, auspiciado por Naciones Unidas.
«El arraigo se solicitó como medida precautoria. Para asegurar la presencia mientras se resuelve en definitiva el trámite del antejuicio» dijo Pineda. El acusado goza del proceso de antejuicio por ser diputado al Congreso de la Republica.
Ovalle está acusado de los delitos de desaparición forzada, contra deberes de la humanidad y asesinato, explicó la fiscal.
El diputado es uno de los hombres fuertes del partido oficialista Frente de Convergencia Nacional, FCN, fundado por exmilitares, varios de ellos acusados de crímenes de lesa humanidad, y que llevó a la presidencia a actor y cómico Jimmy Morales.
Por este caso está en prisión a la espera de ir a juicio el militar Manuel Benedicto Lucas García, quien fue jefe del Estado Mayor General del Ejército de 1981 a 1982, una de las épocas más violentas de la guerra de acuerdo con organismos defensores de los derechos humanos, así como los ex oficiales Byron Huberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales, Raúl Dehesa, José Antonio Vásquez, Carlos Augusto Garavito, Juan Ovalle Salazar y Cesar Augusto Cabrera Mejía, todos mayores de 60 años.
Según la fiscalía, los militares fueron oficiales de la Zona Militar número 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, al norte de la capital guatemalteca. En este lugar, hoy centro de adiestramiento militar, las autoridades localizaron más de 80 fosas que contenían al menos 565 osamentas de víctimas de la guerra.
El caso se remonta a las masacres ocurridas durante varios años de la guerra en el occidente del país. Los exmilitares acusados estuvieron destacados en el lugar en diferentes períodos y tuvieron a soldados bajo su mando que habrían cometido los asesinatos, ha sostenido la fiscalía.
Guatemala vivió una guerra de 36 años, entre el ejército y la guerrilla izquierdista, tiempo durante el cual, según un informe de la verdad de Naciones Unidas, unas 250.000 personas fueron muertas o desaparecidas.
