MONTERREY, México.- Un motín que dejó al menos 49 reos muertos confirmados, golpeados o quemados vivos, plantea serias dudas sobre el poder de las bandas, la extorsión y las violaciones de derechos humanos en las sobrepobladas cárceles mexicanas, donde quienes están a la espera de juicio conviven con algunos de los asesinos más curtidos del mundo.
A las puertas del penal de Topo Chico, Nuevo León, la situación era dantesca: los familiares, aterrorizados, esperaban la aparición de nuevos nombres en el listado publicado en dos hojas de papel pegadas en la pared.
«¡Ayyy, mi hijo está en la lista!», gritó María Guadalupe Ramírez, de 63 años, al ver escrito el nombre de José Guadalupe Ramírez Quintero, de 26. Se desmayó en los brazos de su hija y de trabajadores de una ONG.
El dolor de Ramírez reflejaba las preocupaciones de otros cuyos seres queridos están internados en Topo Chico pese a tener condenas por delitos menores o estar a la espera de juicio.
«Ya había salido. Lo agarraron de nuevo solo por tomar (…) Hay injusticia en esta cárcel», dijo agitando los puños y sollozando.
Las autoridades permitieron que cientos de familiares entraran al penal el jueves por la tarde. Pero incluso quienes pudieron confirmar que sus seres queridos sobrevivieron la motín, temían por seguridad.
Una mujer, que no quiso ser identificada, visitó a su hermano por un breve espacio de tiempo y dijo que vio auténtico miedo en su cara. Le quedan solo 10 días para quedar en libertad tras cumplir nueve meses por posesión de drogas. «Los tiene amenazados para que no nos platiquen que fue lo que pasó, solo ellos saben pero no nos dicen nada», denunció.
«¿A mi quien me asegura que ya no les vayan a hacer nada allá adentro?», preguntó.
No se reportaron fugas a raíz de los enfrentamientos registrados en el penal de Monterrey, dijo el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Los hechos ocurrieron un día antes de la llegada a México del papa Francisco, que la próxima semana tiene previsto visitar una prisión en la localidad fronteriza de Ciudad Juárez, en el norte del país.
Rodríguez dijo por la mañana que había 52 reos muertos, aunque horas después redujo la cifra a 49. El motivo del cambio no estuvo claro.
El gobernador leyó en una rueda de prensa los nombres de 40 víctimas confirmadas. Dijo que hay otros cinco cuerpos calcinados y cuatro más pendientes de ser identificados. Uno de los heridos estaba grave.
El enfrentamiento comenzó alrededor de la medianoche del miércoles cuando los presos prendieron fuego a una bodega donde se guardan víveres. Pudo verse a rescatistas trasladando a reos heridos – algunos con quemaduras – desde la prisión.
El gobernador explicó en un primer momento que la pelea enfrentó a dos bandos rivales liderados por Juan Pedro Zaldívar, alias «Z-27» y que es considerado miembro de Los Zetas, y Jorge Iván Hernández Cantu, quien fue identificado por medios mexicanos como miembro del cártel del Golfo.
Pero el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo más tarde el jueves en una entrevista radiofónica que las autoridades creen que la riña enfrentó a dos facciones de los Zetas por el control de la cárcel.
Una guerra entre las dos bandas tiñó de sangre el estado de Nuevo León y el de Tamaulipas entre 2010 y 2012. Los Zetas estuvieron a punto de hacerse con el control de los alrededores de Monterrey.
La situación en la cárcel estuvo tan fuera de control que incluso Rodríguez reconoció a medios locales que los jefes de los cárteles «están luchando por el control» del penal.
