Santo Domingo.- El abogado penalista Francisco Álvarez Martínez consideró que la rapidez con la que el Congreso aprobó y el Poder Ejecutivo promulgó el nuevo Código Penal tendrá consecuencias políticas para el Gobierno, al entender que se desoyeron las advertencias de empresarios, académicos, universidades y organizaciones de la sociedad civil sobre varias de sus disposiciones.
A juicio del jurista, la amplia mayoría oficialista en el Congreso permitió que la iniciativa avanzara sin el nivel de discusión que requería una reforma de esa magnitud. Sostuvo que esa premura, unida a la imposición de nuevas obligaciones al sector productivo, podría provocar un distanciamiento entre el Gobierno y el empresariado.
Asimismo, cuestionó que el Código Penal entrara en vigor pese a que existen recursos directos de inconstitucionalidad pendientes de decisión en el Tribunal Constitucional y a que numerosos sectores habían solicitado revisar algunos artículos antes de su aplicación.
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Las declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes. Transmitido de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p.m.
Cuestiona la urgencia
Álvarez afirmó que no entiende la necesidad de promulgar con tanta rapidez una norma que puede afectar derechos fundamentales. Así como llevar a personas a enfrentar procesos penales. En su opinión, el Gobierno pudo conceder un plazo adicional de seis meses para revisar las disposiciones más controvertidas . También para construir un mayor consenso antes de su entrada en vigencia.
También criticó que el Senado conociera y aprobara las modificaciones en dos lecturas consecutivas y con carácter de urgencia. Esto, sin que se produjera un debate amplio sobre las preocupaciones expresadas por los sectores involucrados.
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Pide revisar artículos ante el Tribunal Constitucional
El penalista reiteró su preocupación por las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En especial, aquellas que, según explicó, podrían extender consecuencias penales a grupos empresariales completos. En ese sentido, recomendó que los gremios empresariales unifiquen esfuerzos y presenten acciones directas de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional revise los artículos que consideran desproporcionados y contrarios a principios tradicionales del derecho societario.
