La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) avanza en la elaboración de un informe de detención y prisión a nivel nacional que documenta condiciones de hacinamiento y violaciones de derechos en centros carcelarios y destacamentos.
El informe, descrito como sumamente riguroso, incluye visitas in situ a cárceles y destacamentos donde se han detectado anomalías que motivan acciones legales como amparos y avocamientos, además de denuncias públicas.
“En un espacio en Alma Rosa, en la unidad de violencia intrafamiliar y sexual. Donde caben 15 personas, había 85 acumuladas”, señaló Rodolfo Valentín Santos, director general de la institución.
Durante las visitas se encontraron personas en condiciones extremas: detenidos fuera de los destacamentos, en patios o pasillos, algunos sin ropa adecuada por el calor, casos de personas con VIH sin retrovirales y situaciones de pérdida de dignidad.
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Valentín explicó que el problema es recurrente en el país y mencionó casos previos, como un destacamento en Manoguayabo donde cabían 20 personas y había 200.
Capacidad carcelaria y porcentaje de preventivos
Se destacó que el porcentaje de privados de libertad en condición preventiva ha subido: de un 61% en 2025 a un 65.3%. Esto contrasta con la previsión de que condenados irían a las nuevas instalaciones denominadas “parras”.
La llamada “carcelita” en la Ciudad Judicial, inaugurada públicamente, no está lista para recibir detenidos y redistribuirlos, según lo señalado por el funcionario.
La Penitenciaría Nacional de La Victoria, concebida para 1,113 personas, llegó a tener 8,000 reclusos. Ya se han trasladado miles a las parras y se espera que paulatinamente se vacíe conforme se entreguen cuadrantes.
Valentín informó que se terminó el primer cuadrante de las parras y se trasladaron 2,500 privados de libertad; hace una semana se trasladaron 400 más.
Defensa pública: carga, cobertura y formación
La defensa pública asiste entre el 80% y 87% de los casos a nivel nacional y prácticamente el 100% de los casos de niños, niñas y adolescentes.
En 2025 la defensa pública resolvió alrededor de 5,000 personas mediante autos de no abrir juicio y absoluciones.
Actualmente existe un déficit aproximado de 250 defensores a nivel nacional. Recientemente egresaron 70 defensores de la Escuela Nacional de la Judicatura y se abrirá otro concurso para 80 más.
Un defensor público promedio maneja entre 300 y 400 casos y puede asistir a seis o siete audiencias en un día. Los salarios fueron mencionados como de 61 mil pesos en el pasado y actualmente de 89 mil pesos para ingresantes.
Valentín subrayó que el costo del servicio público de defensa es inferior al valor que tendría para los beneficiarios si tuvieran que pagar servicios privados por audiencias y representación.
El director de la ONDP reiteró el compromiso de la defensa pública de seguir denunciando y actuando legalmente ante condiciones inhumanas en cárceles y destacamentos y su preparación para enfrentar los retos que traiga la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.