La iniciativa ha sido concebida como parte de un componente de inclusión que considera las problemáticas que limitan el acceso a la justicia
SANTO DOMINGO (RD).- El Poder Judicial dominicano anunció la puesta en ejecución del programa Yo Me Apunto a la Virtualidad, una iniciativa de formación y habilitación tecnológica para abogados y abogadas con la finalidad de crear las capacidades para el manejo de plataformas virtuales de aquellos profesionales del derecho que tienen limitaciones en uso y acceso a herramientas informáticas.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); los centros universitarios que imparten la carrera de Derecho, de los que se han integrado la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Universidad APEC, la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC) y la Universidad Católica del Cibao (UCATECI); así como las empresas Claro y el Centro Especializado de Computadoras (CECOMSA), para garantizar la parte de conectividad y acceso a equipos tecnológicos.
La metodología se basa en acciones formativas, de acompañamiento y de articulación con otros actores públicos y privados, que contribuyan a acelerar el proceso de implementación de la iniciativa, desde la plataforma digital de la Escuela Nacional de la Judicatura, tal como explicó el doctor Dariel Suárez, director del centro de formación.
“Esta estrategia incluye tres componentes; primero, un programa formativo continuo para desarrollar y fortalecer las competencias digitales de los profesionales del derecho en el uso de las herramientas y plataformas que se han dispuesto para el servicio de justicia, y segundo, con la articulación de una alianza multiactor con universidades y centros de estudio públicos y privados como socios de implementación”, indicó Suárez.
El tercer componente incluye el acceso a equipos y servicios de Internet para el cierre de la brecha digital; esto incluiría un mecanismo de apoyo con financiamiento a través de un fondo de incentivos coordinado desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las universidades y centros de estudios.
El PNUD, como socio estratégico, apoyará en la gestión del proyecto desarrollando mecanismos e instrumentos para el monitoreo de los resultados, a partir de la realización de encuestas para el levantamiento de una línea base en cuanto a las necesidades de capacitación y tecnológicas de las y los abogados, y otra posterior para analizar los resultados del programa y su impacto en la inserción de los participantes en el servicio judicial.
“Este proyecto es un ejemplo de una alianza multiactor que está contribuyendo a un impacto en cadena, que de alguna manera está uniendo para trabajar en un mismo objetivo de desarrollo, al gobierno, las universidades y adicionalmente a eso está vinculando al sector privado», puntualizó Sócrates Barinas, economista senior del PNUD, quien agregó que en el país la brecha digital afecta el 70% de los profesionales.
Por su lado, el doctor Bautista López, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo expresó que, quiérase o no, la virtualidad es una realidad para mantener los trabajos en medio de la pandemia del COVID-19 y exhortó a todos a apoyar la iniciativa del Poder Judicial.
Mientras que, el doctor Héctor Eduardo Alies Rivas, director de la Escuela de Derecho del campus Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo, entiende pertinente el programa que impulsa el Poder Judicial a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, por considerar que la virtualidad es parte sustantiva de la operatividad de la justicia.
Para garantizar la conectividad y disposición de equipos, la ENJ realizó un acuerdo de colaboración con la empresa de telecomunicaciones Claro, que consiste en establecer la conectividad, a fin de permitir el acceso a servicios de Internet con precios y atributos especiales para los estudiantes que finalicen el programa.
El programa ha sido concebido como parte de un componente de inclusión que considera las problemáticas que limitan el acceso a la justicia de las y los usuarios y la necesidad de implementar mecanismos de conectividad que permitan acercar la oferta de los servicios judiciales a las demandas de la población.
