Fiscales estatales interceden por los inmigrantes
Nueva York, EEUU.- A poco tiempo de vencerse el plazo dado por el presidente Donald Trump para que 60 mil haitianos protegidos por el programa TPS (Estatus de Protección Temporal), que ampara a los refugiados de diferentes países de El Caribe y Centroamérica, diecinueve fiscales estatales, unidos en una colación nacional, reclamaron al mandatario no deportarlos.
Los fiscales, a los que se unió este martes Erik Schneiderman, procurador general estatal de Nueva York, dijeron que también miles de salvadoreños, guatemaltecos e inmigrantes de otros países de Centroamérica, están al borde de ser expulsados.
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En una carta enviada al congreso, la coalición de fiscales dicen que de aprobarse la propuesta de Trump, los haitianos, salvadoreños y otros que residen en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, se verían obligados a regresar a condiciones peligrosas en sus países afectados por desastres naturales y otras condiciones.
Instaron a los funcionarios a aprobar un proyecto de ley que permite a los beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) de Haití, El Salvador y otras naciones pasar a la categoría de residente permanente.
La carta sigue la decisión de la Administración Trump de terminar las designaciones de TPS para nativos de Haití y El Salvador en 2019.
“Los neoyorquinos de larga data de Haití y El Salvador enriquecen nuestra economía y fortalecen nuestras comunidades”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Sin embargo, la Administración Trump está eliminando el estado de protección de nuestros vecinos vulnerables, poniendo en peligro su seguridad y bienestar. Si la administración de Trump se niega a proteger a estas familias, entonces necesitamos que el congreso actúe”.
El programa federal TPS ofrece estatus legal temporal a ciudadanos extranjeros en los Estados Unidos provenientes de países que sufren conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias que previenen temporalmente su regreso seguro. El Secretario de Seguridad Nacional puede designar un país en particular para recibir TPS por períodos de seis a 18 meses y puede extender estos períodos si las condiciones no mejoran suficientemente en el país seleccionado.
En 2001, a los salvadoreños se les otorgó el estatus de TPS luego de una serie de desastres naturales y las consiguientes crisis económicas y políticas. En enero de 2010, a los haitianos se les otorgó el estatus de TPS luego de un terremoto que mató a cientos de miles de personas en Haití y devastó la ya frágil economía, infraestructura, Gobierno y sistema de salud del país. Las designaciones se han renovado regularmente para ambos grupos porque las administraciones presidenciales anteriores han descubierto que los países no pueden garantizar la seguridad suficiente para los ciudadanos que regresan.
Sin embargo, bajo la Administración de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional decidió dar por terminadas las designaciones de TPS para Haití y El Salvador.
Según la oficina del gobernador, 16,200 salvadoreños que viven en Nueva York se verán afectados por la decisión del Gobierno federal. Según el Centro de Estudios de Migración, aproximadamente 5,200 haitianos que viven en Nueva York se verán afectados.
Cada uno de los estados cuyo fiscal general se unió a la solicitud al congreso, es el hogar de miles de personas que no pudieron regresar a sus países de origen debido a desastres naturales o conflictos armados. Durante décadas, estos ciudadanos extranjeros se han convertido en miembros integrales de sus comunidades, han comprado viviendas, han comenzado negocios, se han casado y han tenido hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos, refiere la carta.
«Los miles de beneficiarios de TPS que residen en nuestros estados viven aquí desde hace mucho tiempo y han hecho contribuciones sustanciales a nuestras comunidades y economías», agrega la carta, y revela que los beneficiarios de TPS tienen unos 275,000 niños nacidos en Estados Unidos y contribuyen con más de $4.5 mil millones al Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados Unidos.
“La terminación del TPS para estas naciones pondrá a cientos de miles de personas en la difícil posición de elegir si regresar a sus países de origen, con o sin sus hijos, cuando sus países de origen no estén en condiciones de recibirlos”, dice la misiva a los congresistas.
La coalición de Fiscales Generales que firmó la carta al Distrito de Columbia California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington.
Por Miguel Cruz Tejada
