La funcionaria, que desconoció su destitución por parte de la Constituyente, afirmó que ese cuerpo es «ilegítimo«
La fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz consideró este martes que los recientes «hechos de fuerza» cometidos en el país por el Gobierno de Nicolás Maduro «dejan en evidencia que estamos ante un nuevo Gobierno de facto, un golpe contra la Constitución (…) las leyes y nuestra forma de Estado«.
En un comunicado, la jurista reiteró que la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida el 30 de julio y que seis días después la destituyó de su cargo de fiscal, es un cuerpo «ilegítimo«, porque su elección no incluyó un referendo previo, como ocurrió en 1999 cuando se sancionó la actual Carta Magna.
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La cantidad de países e instituciones que desconocen a estas autoridades inconstitucionales y fraudulentas se hace cada vez más grande, es proporcional al aislamiento y la pérdida de legitimidad de quienes pretenden hacer del país un cuartel, reza el texto difundido a través de su cuenta en Twitter.
https://twitter.com/lortegadiaz/status/895062200204894208
Ortega Díaz aseguró que durante la oleada de manifestaciones ha habido «organismos involucrados en violaciones sistemáticas de derechos humanos«.
La funcionaria, que se rebeló al régimen al comienzo de las protestas y desconoció su destitución por parte de la Constituyente, reiteró que al menos el 25 % de las muertes, que cifró en 128, son «responsabilidad de la acción directa de las fuerzas de seguridad» y que en al menos el 60% de ellos «los organismos responsables no ejecutan las órdenes de aprehensión o simplemente proceden con la entrega de los funcionarios involucrados«.
Asimismo, dijo que el 40% de los asesinados en protestas son responsabilidad de cuerpos civiles armados. «¿Dónde está la responsabilidad del Estado allí? ¿Dónde están los organismos de Inteligencia? ¿Qué pasa con el control y la regulación de armas y las municiones en el país?«, se preguntó.
Por último, advirtió que el Gobierno y la ANC, integrada únicamente por oficialistas, pretenden «continuar el desfalco» y «dejar impunes» casos como la implicación de Venezuela en el escándalo de corrupción de Odebrecht, a quien el Estado le pagó 30.000 millones de dólares, según dijo.
Fuente: EFE
