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Envían a juicio acusados de trata de personas en Night Club Casa Blanca

Envían a juicio acusados de trata de personas en Night Club Casa Blanca
Envían a juicio acusados de trata de personas en Night Club Casa Blanca

Mantienen negocios incautados

SANTIAGO, República Dominicana.- El Tercer Juzgado de la Instrucción de Santiago envió a juicio de fondo a cinco personas implicadas en los delitos de trata de personas, explotación sexual laboral y lavado de activos.

Un comunicado precisó que la Procuraduría Fiscal de Santiago presentó la acusación en contra de los dominicanos Juan Fernández, Grismelda Acarilis Merejo, Jairo Rafael Correa Castillo, María Magdalena Batista, y del venezolano Jolvert José Ramírez, quienes son acusados de incurrir en esos delitos.

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En un comunicado de prensa, la institución señaló que el tribunal además ordenó mantener incautados los negocios Casa Blanca Night Club, Bora Bora, Helios, así como vehículos y otros inmuebles propiedad de Juan Fernández Fernández que han sido confiscados en el transcurso de la investigación.

Añadió que el tribunal rechazó la devolución de RD$ 11,784,323.00 y US$ 885,814.00, dinero que fue ocupado mediante allanamientos en el negocio Bora Bora, ordenando el mantenimiento de la custodia de los mismos al Ministerio Público.

La Procuraduría Fiscal de Santiago señaló que fueron acogidas como pruebas diferentes testimonios de víctimas de los citados delitos, de nacionalidad venezolana.

Esa dependencia del Ministerio Público recordó que por este caso también cumple prisión en Venezuela el ciudadano de esa nación, Jhonnys Eliexer Cordero Belisario, luego que fuera arrestado a requerimiento de las autoridades dominicanas mediante notificación roja internacional, del 17 de mayo del 2016.

En virtud de que la Constitución venezolana no contempla la extradición de sus ciudadanos, a Cordero Belisario se le conocerá el juicio penal en territorio venezolano por los hechos cometidos en la República Dominicana, con las debidas garantías constitucionales, procesales y penales conforme al artículo 69 de la Constitución Venezolana y al artículo 6 del Código Penal de Venezuela.

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