Señalaron que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas en el 2019 fue la falta de voluntad política para enjuiciar a acusados de corrupción

El Gobierno de los Estados Unidos afirma que la aceptación y tolerancia generalizada de la corrupción menor en la República Dominicana obstaculizan los esfuerzos contra este flagelo.

La posición de los estadounidenses está contenida en su reporte anual sobre el estado de los derechos humanos en la República Dominicana.

El informe dice que durante el año 2019, las ONG denunciaron regularmente actos de corrupción por parte de encargados de hacer cumplir la ley, incluidos agentes de Policía, inmigración y de prisiones.

Además, dice que en ocasiones, se utilizaron castigos no judiciales por corrupción, incluido el despido o la transferencia de personal militar, policías, jueces y otros funcionarios menores.

Sobre el caso Odebrecht, reseña que en septiembre, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) inició el juicio contra seis de los 14 acusados de aceptar sobornos de la multinacional brasileña.

Dice que la sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar el caso, por considerar que involucraba a las élites políticas y económicas del país.

También menciona la denuncia de del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre un supuesto soborno de 39.5 millones de dólares para la construcción de Punta Catalina, tras lo cual el Ministerio Público interrogó  a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación, pero no presentó cargos adicionales.

El informe dice que las ONG señalaron que el mayor obstáculo para las investigaciones efectivas durante el 2019 fue la falta de voluntad política para enjuiciar a las personas acusadas de corrupción, en particular las personas bien conectadas o los políticos de alto nivel, por lo que la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y una queja pública en la República Dominicana.

En el capítulo sobre la libertad de expresión se hace eco de la denuncia del periodista Marino Zapete sobre el supuesto otorgamiento de contratos para la adquisición de asfalto, a una hermana del procurador general, lo que supuestamente habría llevado a la cancelación del programa del canal de televisión por donde se transmitía.