AP.- El Procurador General Jesús Murillo Karam, informó que tras decenas de confesiones y cientos de pruebas forenses, los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en México fueron confundidos por miembros de un cártel con miembros de una organización rival antes de ser asesinados e incinerados en un basurero en el estado sureño de Guerrero.
En una larga exposición de los detalles de la investigación, Murillo dijo que las muestras tomadas en el lugar, la temperatura que alcanzó el combustible y el fuego de la hoguera formada por los sicarios demuestran «de manera contundente» que los 43 normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa fueron incinerados sin que queden restos que permitan su identificación.
A esta conclusión llegó el martes cuando se han incorporado a la investigación 386 declaraciones, 16 allanamientos y dos reconstrucciones de los hechos que han permitido 99 detenciones entre las que se incluyen la práctica totalidad de los policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula, donde fueron quemados.
Los estudiantes habían llegado a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre a recaudar dinero y autobuses con los que acudir a una protesta en la capital mexicana. Fueron confundidos por la organización criminal Guerreros Unidos de la banda rival Los rojos. El alcalde de la ciudad, José Luis Abarca, que formaba parte junto con su esposa María Ángeles Pineda de los Guerreros Unidos, habría dado a la policía municipal bajo su mando la orden de detenerlos y hacerlos desaparecer.
Después de varios tiroteos que dejaron seis muertos, los 43 estudiantes fueron detenidos y trasladados en varios vehículos policiales de Iguala con apoyo de agentes y vehículos oficiales llegados de la vecina Cocula hasta un punto a las fueras de Iguala en el que sicarios de los «Guerreros Unidos» se hicieron cargo de ellos.
El procurador presentó el testimonio de quien habría sido jefe de los sicarios que ejecutaron a gran parte de los estudiantes, Felipe Rodríguez Salgado, «El Cepillo» detenido el 15 de enero tras ser deportado desde los Estados Unidos. También afirmó contar con confesiones de decenas de policías municipales de las localidades de Iguala y Cocula que entregaron a los estudiantes y con el testimonio de al menos una decena de sicarios al mando de Rodríguez Salgado que interrogaron, ejecutaron, incineraron, y trituraron los restos de los estudiantes antes de lanzarlos a un río.
Para los responsables de la investigación, las confesiones y pruebas realizadas son coincidentes y van más allá de dudas razonables.
A los funcionarios públicos implicados en el caso, desde el alcalde a los policías, se les acusará del delito de «desaparición forzada», poco aplicado aún en un país que cuenta con 23.000 desaparecidos desde 2006 según cifras oficiales.
Pero Valentín Cornelio Gonzalez, cuñado de uno de los desaparecidos, aún tiene dudas sobre la versión oficial y afirma que una de las bolsas con los restos se entregó abierta a los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense, peritos independientes de la investigación. Creen que los restos habrían sido «plantados» y llegaron en realidad desde otro lugar.
Murillo insistió en que los sedimentos localizados en las bolsas extraídas del río coinciden con el lugar de la pira del incendio y que el equipo argentino ha estado presente y validado todos los pasos del proceso.
Esa es solo una de las teorías de los contrarios al gobierno. El gobierno mexicano ha sido criticado por los padres de los estudiantes, expertos en incendios y organizaciones sociales. Los padres y quienes les acompañan aún continúan protestando y buscando a sus hijos.
Tomás Zerón, Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, presentó evidencias respecto a la parte física del caso para responder a las dudas planteadas por los familiares. Afirmó que el incendio provocado por los sicarios provocó la destrucción total de los cuerpos, que el lugar lo permite y las evidencias lo demuestran. También demostró que el basurero en el que fueron incinerados está a más de ocho kilómetros de la ciudad de Cocula y que no hay viviendas en los alrededores.
El procurador afirmó que «no existe una sola evidencia de participación del ejército» en lo sucedido aquella noche en respuesta a continuadas peticiones por parte de las familias y de organizaciones como Amnistía Internacional de abrir esa vía de investigación.
Según Murillo, los elementos de que se dispone la investigación son «suficientes» y afirmó que ahora se trabaja en preparar acusaciones por las que se pedirán penas de hasta 140 años de cárcel para los responsables. Sólo entonces será cuando lo dé por cerrado.
